El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, advirtió que no cederá a presiones para que el organismo viole ley migratoria 169-14, por lo que advierte a sus funcionarios no cometer en su aplicación errores que puedan darles la razón a los enemigos de la nación que se inmiscuyen en asuntos del país.
El titular de la JCE hizo la advertencia en la circular 24, fechada el pasado viernes 27, un día después de la reunión con el embajador de Estados Unidos, James Brewster. En esa orden anuncia que el lunes, martes y miércoles supervisará personalmente las oficinas para asegurarse el estricto cumplimiento.
Nada oficial salió de lo tratado en el encuentro de Brewster y Rosario, con la presencia del representante de la Comunicad Europea, pero algunos medios publicaron sobre alegadas presiones del diplomático al organismo electoral.
“Pese a todos los esfuerzos, algunas personas, organizaciones de la sociedad civil, e incluso representantes diplomáticos, insisten en denunciar que en las Oficialías del Estado Civil se están poniendo trabas burocráticas y que a 55 mil personas se les están negando la entrega de documentos”, dice Rosario.
Agrega la circular “hasta el momento no hemos recibido ninguna prueba o evidencia de que esto está ocurriendo. Hemos negado ese hecho, confiando en su compromiso con la institución y en su voluntad de servir al Estado a través de la JCE”.
“Ojalá que un error, descuido, negligencia o inobservancia, no sea la excusa para tan execrable conducta, confiamos que los derechos de esas personas no han sido afectados. Necesitamos estar seguros de que tenemos la razón”, dice.
La circular está dirigida a los oficiales civiles, asistentes administrativos, encargados de centros de servicios, Dirección Nacional de Registro Civil, Consultoría Jurídica, Oficina Central del Registro Civil y la Dirección Informática, con la salvedad de que por ese fallo serían cancelados, copia de la cual consiguió El Nacional con uno de los oficiales civiles.
Luchan falsamente
“Para evitar que representantes de organizaciones y extraños, que utilizan la lucha por los derechos humanos falsamente, se inmiscuyan en asuntos internos del país, lesionando nuestra soberanía y que tengamos que tolerar esa afrenta, deben evitar errores o inobservancia en la aplicación de la ley migratoria”, indica.
Rosario Márquez advirtió que serán cancelados los empleados por cualquier fallo o negligencia en la entrega de acta de registro de inscripción a 55 mil personas, que la auditoría autorizada por una sentencia del Tribunal Constitucional, determinó que son dominicanos.
“El Estado dominicano, a través de sus diversas instancias, en atención a la alta credibilidad de este órgano constitucional dio como resuelto este tema y asumió esta decisión como un compromiso de Estado frente a esas personas y el mundo, incluso el Presidente lo presentó en un cónclave internacional”, señala el documento.
“Hemos defendido con nuestra vida y sin temor el buen nombre y prestigio de la JCE y del país. Para continuar haciéndolo, necesitamos que revisen libros y folios que asegure que no estamos en falta”, recomienda.
UN APUNTE
Apoyo unánime
El presidente de la JCE aseguró que la Ley 169-14 es de las pocas leyes que al aprobarse contó con el apoyo unánime de la sociedad. “En nuestro caso, tenemos el orgullo de haber proporcionado a las instancias competentes el anteproyecto que permitió la elaboración de la misma, por lo tanto, como presidente y representante legal de la institución, tengo el compromiso voluntario y moral con su ejecución, y no debe ser la JCE el lugar donde se obstaculice”. Dijo que si alguien ha actuado de esa manera “lo hace en contra de nuestra voluntad y en contra de la ley”, lo cual tiene consecuencias.
