Es necesario que la Junta Central Electoral (JCE), sin dilación, y para evitar desconocimiento nueva vez, comience a notificarles a los 26 partidos políticos sobre la obligatoriedad de la aplicación de las candidaturas electivas por densidad poblacional, como mandato constitucional. De hacerlo a tiempo de las elecciones, las cúpulas partidarias no alegarían ignorancia, como ocurrió en los comicios del 2016. Existe la resolución electoral 061-2015, que fue recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo, (TSA), que le dio ganancia de causa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que recurrió la medida, alegando que la decisión fue notificada a las organizaciones después que se firmaron las alianzas entre las coaliciones de las fuerzas políticas. Sin excepción, Los integrantes del sistema de partidos actuaron en componenda para que no se aplique tal resolución, porque en muchas provincias y en circunscripciones se reducen diputaciones, y les perjudicaba. Los partidos impusieron su voluntad en las elecciones del 2016 y le tumbaron el pulso a la JCE, encabezada por Roberto Rosario Márquez, en su obligación de establecer una distribución de diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias, como era el mandato de la Constitución de la República, aprobada en el 2010. La Carta Magna, en su artículo 81, al referirse a la representación y la composición de la Cámara de Diputados, dispone que esté integrada por 178 legisladores elegidos por densidad poblacional y por circunscripción territorial, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Sin embargo, muchas que tenían 3 representantes se redujo a dos, pero en muchos casos, como el de la Provincia de Santo Domingo que tenía 38, aumentó 8, sumando 44. Estamos a bastante tiempo del proceso electoral y para que entre en vigencia solo falta que el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, convoque un pleno de sus miembros y ratifiquen su aplicación.
