Nadie, en su sano juicio, puede negar que la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) fueron creados a imagen y semejanza del Partido de la Liberación Dominicana. Negarlo sería una estupidez.
En la JCE el autoritarismo, la falta de institucionalidad, las violaciones a la Constitución y las leyes, fueron constantes. El tres contra dos funcionó a la perfección.
El presidente de la JCE logró que el representante del Partido Reformista y la doña del PLD (la Graciano) votaran a su favor en el 99.9% de los casos. José Ángel Aquino, de la sociedad civil, mantuvo, en momentos cruciales, posiciones firmes que lo condujeron a un enfrentamiento que incluso llegó al plano personal con el dueño del órgano rector de las elecciones.
Eddy Olivares Ortega, proveniente del Partido Revolucionario Dominicano, convertido hoy mayoritariamente en Partido Revolucionario Moderno, se comportó a la altura de las circunstancias oponiéndose a los desafueros, personalismos, violaciones a las leyes y la falta de institucionalidad que caracterizaron los últimos años de la JCE.
Olivares puede publicar un libro con los “votos disidentes” o razonados de sus pasos por la JCE, para que conste el nivel de dignidad y principios que mantuvo siempre. Su postura al final del periodo solicitándole al Senado que no lo ponderara para continuar en el organismo electoral y criticando la postura del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, que días antes de las elecciones, en un hecho insólito, le aseguró a los titulares su permanencia en los cargos, lo enaltece.
En el Tribunal Superior Electoral fue peor. La parcialidad de los jueces fue olímpica. En ese órgano no hubo contradicciones de fondo, ni posiciones disidentes, por lo menos públicamente. Todos fueron parte del fraude; se prestaron decisiones jurídicas absurdas y aberrantes para favorecer, en todos los casos, al gobierno y sus aliados. El TSE fue responsable, en gran medida, de la división del PRD pronunciándose en más de 40 ocasiones en favor del grupo minúsculo de Miguel Vargas.
El TSE no evacuó una sola sentencia sin antes consultarla con determinado miembro del Comité Político del PLD. Es por ello que sus resoluciones perjudicaban a los demandantes y beneficiaban a los demandados. El Ggobierno y Miguel Vargas no perdieron un solo caso a pesar de que los disidentes tenían razones en sus reclamos, y contaban con abogados de prestigio en el ejercicio profesional cotidiano. Pero, como dije siempre, el problema no era jurídico, era político. Y en ese plano el PRM debió dirimir sus diferencias. Y no lo hizo.
Con una JCE y un TSE dirigido por el PLD no eran posibles elecciones diáfanas, honestas y creíbles.
