Al acercarse la fecha para escoger a los jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia para el próximo período, circulan numerosos nombres de jueces de Cortes de Apelación de los diferentes Distritos Judiciales, que concursarán por un puesto en el alto tribunal. Conforme a la Constitución, los magistrados del más elevado órgano jurisdiccional del Estado, están sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección.

El artículo 181 de la Carta Magna, señala que en los casos que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiera la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia, condición que implica que el organismo debe explicar las razones que impide que un magistrado de carrera no pueda seguir en el cargo. En el pasado, no se cumplió con esa disposición lo que originó naturales protestas.

El procedimiento para la selección de los jueces del Tribunal Constitucional es distinto, pues mientras algunos jueces de la Suprema Corte, pueden ser confirmados no ocurre lo mismo con el tribunal que tiene como principal atributo garantizar la supremacía de la Ley Sustantiva.

Los jueces del Tribunal Constitucional serán designados por un único período de nueve años, y no podrán reelectos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de cinco años.
Cuando se reuna el Consejo Nacional de la Magistratura, solo podrá seleccionar las tres cuartas partes de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. La alta corte está compuesta por 16 miembros, siendo la edad de retiro de 75 años. Ocasionalmente, el Consejo se reune para sustituir magistrados por renuncia, muerte o jubilación por antigüedad.

Tras batidores, se mencionan como aspirantes a jueces de la Suprema, los doctores Alfredo Biaggi Lama, vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal, Glass Santana, de la Corte Penal de San Pedro de Macorís, José Méndez Castro, del Tribunal de alzada en materia civil de la misma provincia, Ignacio Camacho, de la Corte Penal del Distrito Nacional, Domingo Rafael Vázquez, de la Corte Civil de Santiago, Segundo Monción del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Norte, Nancy Salcedo, presidenta de la Corte de Trabajo del mismo Distrito Judicial y Leonardo Mirabal, juez de la Corte Civil de Montecristi.

También el doctor Ángel Encarnación, juez de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, Samuel Arzeno, miembro del Consejo del Poder Judicial, doctor Rafael Vázquez Goico, Presidente del Tribunal Superior Administrativo, doctora Alba Luisa Beard Marcos, y el doctor José Pérez Gómez, decano de la facultad de derecho de UNIBE, abogado de largo ejercicio profesional y una sólida preparación académica e intelectual.
Es difícil escoger a un juez que no tenga simpatía política. Lo que se critica es que sean dirigentes o militantes de partidos políticos.

Un magistrado que tenga inclinación política no le impide actuar con imparcialidad en el momento de emitir una sentencia justa, y ajustar sus actuaciones, conforme a la definición de justicia del gran jurista Ulpiano, quien sentenció “que es la contante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo”. Sería mortal para el Poder Judicial que un partido político aplique una mayoría mecánica para la designación de los jueces de la Suprema Corte.