San Juan de La Maguana.- Los jueces de la Cámara Penal Corte de Apelación de esta provincia, califican de correcta, ajustada a las leyes y a la Constitución de la República, la sentencia que condena a la distribuidora de electricidad Edesur Dominicana al pago de RD$100 millones a favor de decenas de parceleros de la zona.
En un comunicado, los doctores Loida de la Rosa Beltré, Milton Emilio Castillo, y Ernesto Ramírez Méndez, presidenta, primer y segundo sustituto, respectivamente, rechazan los argumentos expuestos por el doctor Julio Cury, en representación del Estado dominicano.
De su lado, el presidente de la Corte de Apelación de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de esta provincia, doctor Manuel Ramírez Susana, dijo apoyar en todas sus partes la actuación y decisión de sus colegas antes citados.
Afirman que “las sentencias están ahí, lo que ha sucedido es que de manera mediática, con una estrategia de litigación intimidatoria, Cury entiende que puede desvirtuar la administración independiente e imparcial de justicia, pues con relación a los casos de la especie, había interpuesto denuncia disciplinaria en contra del magistrado Robert De Aza, copia de la cual deposito como prueba en cada uno de los procesos de que se trata”.
“De los que se trata es que los 17 querellantes, propietarios de igual números de parcelas, fueron afectados por la EDESUR, puesto que esta empresa instalo postes y redes del tendido eléctrico dentro de los terrenos pertenecientes a los demandantes y no los indemnizó por el uso de dichas propiedades. Los terrenos se encuentran ubicados en Juan Santiago y Hondo Valle, de la fronteriza provincia de Elías Piña”, precisan de la Rosa Beltré, Castillo y Ramírez Méndez, en su documento de respuesta a Cury.
Precisan que los recursos de apelación interpuestos por el Estado, habían sido conocidos antes de que se produjera la división de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana en Cámara Civil y Cámara Penal, que de hecho empezó a regir a partir del 30 de octubre del l2017, por tanto, tratándose de procesos civiles, debían ser decididos por la Cámara Civil.
Los querellantes son Evangelista Guerrero Familia, Domingo Soler Montero, Severina de Oleo Montero, Plinio Espinosa Montero, Obispo Rivera de Oleo, Rufina Montero Morillo, Julio Cesar Montero Montero, Emmy Lolin Wagner Montero, Teresa Medina, Saturnina Montero Canario, Alonso Encarnación, Lupe Vicente Vicente, José Ignacio Morillo Encarnación, Isidro de Oleo Montero, Francisco Morillo Montero, Julián Quezada y Lino Montero Montero.
Loida de la Rosa Beltré, Milton Emilio Castillo y Ernesto Ramírez Méndez, apuntan que la Corte de Apelación luego de ponderar las pruebas aportadas por las partes, decidió los casos de los que se encontraba apoderados, y recha tanto los recursos de apelación principales como los incidentes, y confirmo las sentencias recurridas.
