No se discute el carácter político que tiene la constitución de todo alto tribunal. Eso es así en cualquier lugar del mundo al margen de los mecanismos establecidos para llevar a cabo dicha selección. Ahora bien, eso es una cosa, y otra distinta es pervertir esa incorporación para estructurar organismos judiciales que respondan a intereses políticos determinados. Tal actitud es convertir un acto de naturaleza política en uno de politiquería de la peor catadura.
La segunda opción fue la asumida en este país a raíz de la conformación de las Altas Cortes. Se actuó con intransigencia extrema sobre la base de que las mismas quedaran integradas por una mayoría de jueces que garantizaran la preservación de los intereses del poder político preponderante en ese momento.
El escarnio fue de tal magnitud, que se diseñó un simulacro para dotar al proceso de una apariencia democrática, la cual era un subterfugio a través del cual se iba a colar la estrategia planificada con cuidado de fina orfebrería.
Incluso, se llegó al ardid de seleccionar personas con incuestionables niveles de independencia, capacidad profesional e historial judicial, siempre y cuando no se afectaran los quórum necesarios, con el propósito de poder afirmar que esos magistrados dotaban a las entidades de idoneidad indudable.
El objetivo primordial de esa patraña era proveerse de los antídotos imprescindibles para enfrentar cualquier tipo de infortunio que adviniese en las horas aciagas en que pudiera no disfrutarse de las licencias que otorga la ausencia de institucionalidad en una nación como la nuestra.
El tiempo de las perturbaciones arribó, quizás con mayor rapidez que la prevista y, como estaba contemplado en el libreto, se ha recurrido a provisiones acumuladas para los malos momentos. En esa estamos.
Las acciones judiciales contra funcionarios del gobierno anterior, han derivado en pruebas de que se pretende utilizar herramientas diseñadas para que nueva vez la impunidad continúe imperando y nos quedemos defraudados en la ilusión que se ha ido consolidando de ver concretizar consecuencias punitivas ante el manejo corrompido del patrimonio público.
Constituye un hecho no controvertido la vinculación, tanto política como personal, de los Magistrados Frank Soto y Alejandro Moscoso, con el partido gobernante, y de manera particular con el pasado presidente. Un mínimo de objetividad e imparcialidad para el manejo de los casos colocados en la palestra, forzaba a excluirlos. Pero cómo soñar, si su designación es parte de una trama pautada con alevosía.
