La reacción que ha causado la sentencia del juez Alejandro Moscoso Segarra que libera de juicio por corrupción al senador Félix Bautista representa una de las más acabadas radiografías sobre la realidad social dominicana. Aunque estruendosas, las movilizaciones y comentarios de rechazo de todos los estratos sociales no han sido únicamente contra la Justicia, sino contra la concentración de poder de un sistema que blinda a quienes lo detentan. Ante el legislador, quien tal vez no sea más que la punta del iceberg, se expresa, entre otras lecturas, la indignación frente a la impunidad y la desconfianza en el Poder Judicial como garante del Estado de derecho. Quedarse en la superficie es simplemente perder las perspectivas sobre los acontecimientos.
Todavía no sea así, es posible que hasta el propio procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, esté entre los que entienden que Moscoso Segarra fue designado como juez instructor porque era quien más garantizaba que no se procese, por sus múltiples implicaciones, al exdirector de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE) por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y otros delitos. Con todo y que otros estimen que con la decisión también se quiso enviar un mensaje de poder, aunque el sistema judicial, tal vez por la misma razón, haya quedado tan mancillado y cuestionado.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, también se indignó. No por el juicio a la Justicia, sino con Domínguez Brito, a quien tildó de irreflexivo, irrespetuoso e inmaduro y lo acusó de incitar a una rebelión contra el sistema judicial. Es una realidad que el Ministerio Público había asumido una actitud que tenía que generar inquietud en los sectores de poder. En una de las audiencias había advertido, por ejemplo, “aquí lo que está en juego es, básicamente, qué es lo que queremos como nación, hacia dónde vamos, cuál es el rol que van a jugar nuestras instituciones para que verdaderamente podamos avanzar y podamos crecer como país”. Al trascender lo jurídico, el señalamiento delataba los intereses políticos.
Pero consumada, como se temía, la absolución del legislador, Domínguez Brito, ese mismo que había engavetado sin explicación expedientes polémicos, no soportó más y proclamó “tenemos que rebelarnos. El país necesita rebelarse contra las prácticas que nos hacen tanto daño. La gente tiene que expresar su cansancio. La gente tiene que decir ¡basta ya! Esto no es posible. Que se ponga molesto el que se quiera poner molesto, pero esto no es posible”.
Si la sociedad dominicana es una farsa, la reacción sobre el caso Félix Bautista lo ha evidenciado. Al menos, para quienes tienen ojos para ver.
