La Junta Monetaria autorizó la liberalización de hasta 10 mil millones de pesos del encaje legal que mantienen los bancos múltiples y las asociaciones de ahorro y crédito en esa entidad, al emitir una resolución dirigida a implementar un mecanismo para facilitar el financiamiento de la construcción masiva de viviendas económicas.
Esta decisión permitirá el otorgamiento de préstamos interinos a favor de los constructores a tasas hasta de un 6% y a plazos de hasta 2 años, así como a la concesión de préstamos a los adquirientes finales de dichas viviendas de hasta RD$ 2.4 Millones, a tasas de hasta un 8% y a plazos de hasta 20 años.
Banco Central emitió un aviso donde explica el alcance de la Primera Resolución del 26 de marzo de 2015, donde fue autorizado por la Junta Monetaria a apoyar los fideicomisos público-privados para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo costo que se constituyan al amparo de Ley No. 189-11 de Mercado Hipotecario y Fideicomiso, así como para apoyar otras iniciativas para la construcción de ese tipo de viviendas.
Para tales fines, la Junta Monetaria, encabezada por Héctor Valdez Albizu, autorizó el uso de la suma de hasta RD$10,000 millones del encaje legal correspondiente a los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos, con miras a facilitar la creación de las condiciones que favorezcan el otorgamiento de préstamos hipotecarios a bajas tasas de interés y más largo plazo.
Las nota indicó que el Banco Central quedó autorizado a considerar como cobertura de encaje legal, títulos-valores de renta fija elegibles y otros instrumentos, conforme se determine mediante Instructivo, para sustituir una proporción del efectivo requerido como reserva de encaje equivalente a la indicada suma de hasta RD$10,000.0 millones.
Se adelantó que los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos que se acojan a este mecanismo, recibirán gradualmente los recursos indicados en la proporción alícuota que le corresponda, en la medida que remitan al Banco Central los contratos de los préstamos hipotecarios desembolsados, siempre y cuando hayan entregado previamente en garantía y custodia a dicha Institución, los títulos-valores de renta fija que sustituirán la cobertura de encaje legal por el monto total de la proporción correspondiente a cada entidad de que se trate.
Para la adopción de esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1ero de abril del presente año, la Junta Monetaria tomó en consideración el gran déficit habitacional que aún existe en República Dominicana, con el agravante de que cada año se va incrementando de manera exponencial, debido al crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares, así como la necesidad de apoyar políticas públicas tendentes a facilitar el acceso a financiamiento por parte de las familias de ingresos medio-bajos, mediante el diseño de mecanismos que permitan abaratar el costo de construcción y de financiamiento de una vivienda para ese nicho de mercado, al que le asiste el derecho de reclamar un techo digno conforme lo consagra la Constitución de la República en el Artículo 59.
Bajo ese tenor, en apoyo al rol del Estado de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, la Junta Monetaria facilita con visión integral oportunidades de negocios para el sector privado, de manera particular para los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos que lo decidan y que canalicen recursos en una primera fase a los constructores desarrolladores de los Proyectos, a través de préstamos interinos a los mismos, y en una segunda fase a los adquirientes finales de las referidas viviendas,
La nota indicó que la entidad está consciente de que el sector construcción constituye una de las actividades que más dinamiza la economía, por su contribución al crecimiento económico, generación de empleo, incremento de ventas que se producen de los materiales de construcción demandados, y por sus aportes al fisco.
El Banco Central de la República Dominicana entiende, que la implementación de este mecanismo, con visión de largo plazo, habrá de repercutir favorablemente en el aumento de la oferta de viviendas focalizada a un estrato de la población que demanda soluciones habitacionales de bajo costo, que sólo podrían generarse de manera continua, mediante esquemas de esta naturaleza en los que confluyen las fuerzas coordinadas del sector público y sector privado, con fines de erradicar de manera sistemática el déficit habitacional que aún aqueja a la población más desposeída, tal y como lo han implementado de manera exitosa otros países de la Región”, precisó la nota emitida por el organismo regulador.
