La Cumbre Judicial Nacional, que concluyó el viernes, más que un encuentro gremial o una peña académica, fue un espacio de reflexión sobre el rol del Poder Judicial en la construcción de un genuino Estado de derecho y su obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a la justicia.
Desde la adecuación de la Ley de Carrera Judicial y su reglamento de aplicación a los preceptos de la Constitución hasta el compromiso de no disponer traslado de jueces como forma de sanción disciplinaria, fueron materia de debate durante ese congreso de magistrados.
Resulta de gran relieve para los afanes de consolidación institucional la proclama de esa cumbre de garantizar la independencia interna de ese poder del Estado, así como el acuerdo de establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los magistrados.
El Poder Judicial no debería desperdiciar la oportunidad de recuperar la confianza extraviada, modernizar el servicio judicial y de garantizar un sistema de justicia libre de impurezas, metas difíciles de lograr sin el cumplimiento de la ley que le asigna una partida del 2.66% en el Presupuesto Nacional.
Acciones de prevaricación atribuidas a jueces de tribunales y cortes han empañado la imagen de la justicia y de la mayoría de los magistrados que ejercen sus funciones apegados a la ética y al derecho, por lo que esa cumbre judicial ha de tener el efecto de agua y jabón en la higienización de la toga y el birrete.
Tiene razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, al señalar que el encuentro de jueces se erige en un nuevo punto de partida y en una herramienta para fortalecer el Poder Judicial y mejorar el sistema de justicia.
Acciones como la creación de un banco de intérpretes judiciales, implementar un sistema electrónico de citaciones y notificaciones, aumento del número de salas y actualización del sistema de desempeño de jueces y demás servidores judiciales, se asumen como de urgente aplicación en la incesante tarea de modernizar al aparato judicial.
Los votos son para que la Cumbre Nacional Judicial, recién concluida, se convierta en el punto de inflexión a partir del cual, la justicia dominicana reinicia su marcha hacia la consolidación institucional, convertida en un ejemplo de ética, moralidad, sabiduría e independencia.
