Los diversos técnicos del gobierno central, están diseñando el Presupuesto Nacional que regirá a partir del próximo año. Se dice tras bastidores que el mismo sobrepasará la suma de 700 mil millones de pesos. Entre los actores que concurren en el Poder Judicial, se espera que se cumpla con la ley que establece un 2.66% del Producto Nacional Bruto como asignación económica de la justicia. Un montón de proyectos están engavetados por falta de recursos.
El pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, desarrolló una intensa campaña en demanda del cumplimiento de la ley 194-2004 que asigna la partida económica correspondiente al Poder Judicial. En aquel entonces, muchos jueces del país, al igual que ahora, paralizaron los tribunales, con la esperanza de lograr un aumento de sueldo, dado que la remuneración que reciben no compensa el desempeño de sus funciones.
El actual presidente del alto tribunal, doctor Mariano German Mejía, cuando inicio su gestión, reclamó reiterada y encarecidamente, un mayor presupuesto para la justicia. Las sistemáticas quejas del magistrado cayeron en el vacío. La Suprema tiene un plan operativo para construir edificaciones para alojar tribunales que operan en furgones y en casas alquiladas, impidiendo un desenvolvimiento eficaz de las actividades judiciales, situación que debe ser corregida.
Hay consenso de que la asignación económica al Poder Judicial es insuficiente, y que los jueces merecen tener un sueldo digno de su investidura y de la responsabilidad de administrar justicia, pues en este país hay funcionarios medios que reciben salarios lujosos, por asistir a una reunión mensual a un consejo directivo de cualquier institución autónoma del Estado. La disparidad de sueldos con otros poder del Estado es notable e injusta, por lo que debe haber mejor trato para los servidores judiciales.
Al presidente Danilo Medina se le reconoce la virtud de escuchar los reclamos justos de los núcleos sociales. El estadista nunca ha exhibido sordera ante las peticiones que tienen justificaciones y están sustentadas en la Constitución y leyes adjetivas. El jefe de Estado cumplió con la ley que establece un 4 por ciento de la Ley de Gastos Públicos para educación, y los frutos están a la vista. Los jueces, personal administrativo abogados y demás usuarios del sistema de justicia, esperan que el primer mandatario tenga la iniciativa de priorizar la inclusión de una mayor partida económica para el área judicial.
Las precariedades de la justicia abarcan a todos los tribunales del país, principalmente en la jurisdicción civil donde existe insuficiencia de salas, y donde el cúmulo de expedientes saturan las diversas cámaras, escenario que origina retraso en el conocimiento de las controversias y dilación en la evacuación de los fallos, ocasionando que se origine una justicia tardía que a su vez se convierte en una injusticia. Una muestra de este crítico panorama es que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional recibió en 6 meses la cantidad de 10,200 casos.
