Funcionarios de éste y de otros gobiernos, dirigentes del partido oficialista como de la oposición, abogados y periodistas (esos nunca se quedan) adquirieron grandes porciones de tierra en Bahía de las Águilas a sabiendas de que cometían un delito penal. No hubo ingenuidad, ni compra “de buena fe”. Se estaban apropiando de un patrimonio convencidos de que la impunidad los cubriría. ¡Como siempre!
Pero, como diría el poeta, “le salió el tornillo por el queso”, con hombres y mujeres que defendieron ese paraíso tropical denunciando sin desmayar el intento de enajenar al Estado de esa propiedad, creando una conciencia nacional que impidió el fraude.
La magistrada Alba Beard, desafiando presiones de sectores oficialistas y privados, incluso de la propia justicia, emitió una sentencia que la enaltece. Hizo lo que le correspondía. Actuó con firmeza y determinación. Recibió toda clase de propuestas, algunas indecentes, amenazas, algunas muy serias, pero no se llenó de miedo. Hizo lo que tenía que hacer. ¡Justicia!
Determinó, después de un largo proceso de investigación, que la mayoría de los títulos eran (son) falsos, como lo sabíamos todos. Como lo supo siempre nuestra inolvidable y entrañable amiga Piki Lora, mujer vertical que supo tomar las armas para defender la libertad, la justicia y la soberanía nacional cuando fue necesario. Ella sabía que se estaban adueñando de Bahía de las Águilas. Y lo denunció mil veces. Y no solo lo denunció, actuó valientemente para impedirlo hasta su muerte.
Pero no crean que el caso quedó resuelto con la heroica sentencia de la jueza Alba Beard, ni con la actuación militante de la abogada Laura Acosta Lora, hija de Piki, sobrina de Huchi y de Junio, nieta de doña Tatá, que defendió al Estado, es decir, al pueblo, de manera gratuita. O sea, sin cobrar un peso. (¿Cuánto pagó el Estado para su defensa en el caso de la quiebra de los bancos privados? ¡El pueblo nunca lo sabrá!).
Ahora es que falta mambo. Los supuestos dueños de los terrenos apelarán la sentencia. Otra instancia judicial, más grande y poderosa, conocerá el caso. Y ahí tengo mis temores. Las “altas cortes” no son garantía de justicia. Y los “dueños” de esos terrenos de vocación turística tienen mucho dinero y mucha influencia. Algunos jueces les deben sus cargos a más de uno de los implicados en el caso de Bahía de las Águilas. De ahí mis dudas.
Se habla de negociación, de resarcir a los “compradores de buena fe”. El Gobierno no debe pactar con esos señores, ni darles un peso. Al contrario, soy de opinión que el Ministerio Público debe actuar contra todos.
Espero, sentado bajo un árbol frondoso dé buena sombra, que las “altas cortes” ratifiquen la sentencia de la magistrada Alba Beard, en el sentido de que los títulos son falsos.
