Lo peor que podría suceder en torno a las investigaciones que realiza el procurador general de la República sobre el escándalo de sobornos admitidos por la multinacional Odebrecht, es que ese expediente se canibalice antes de llegar a los tribunales con filtraciones reales o ficticias.
Todos los ciudadanos, aun aquellos contra los cuales afloran pruebas, indicios o evidencias que comprometen su responsabilidad penal en ese caso, tienen derecho a la presunción de inocencia, hasta que un juez pronuncie su culpabilidad de manera irrevocable.
La Constitución, ley adjetiva, jurisprudencia y doctrina procesal encargan al Ministerio Público de perseguir, investigar, procesar y sustentar la acusación contra todo aquel imputado de la comisión de un crimen o delito, pero también de garantizar y preservar sus derechos civiles y políticos.
El caso de sobornos a funcionarios, legisladores y gente influyente, admitido por la empresa Odebrecht, ha motivado la indignación de la ciudadanía que exige que todos los encartados sean procesados y condenados en los tribunales, pero no en improvisadas cortes mediáticas o políticas.
Ese expediente ha sido declarado complejo por un juez, lo que otorga al Ministerio Público un plazo de hasta un año para investigar, recabar fardo probatorio de cargo e identificar a los acusados, sean quienes sean, sin ninguna excepción.
Es por eso que se define como irrelevante la circulación de listas con nombres de ciudadanos supuestamente investigados con relación a ese caso de soborno, aunque se advierte que la mención de una sola persona que no esté imputada o relacionada con ese caso, constituye una injustificada violación de derechos.
El Ministerio Publico está compelido a trabajar incansablemente a fin de concluir en el menor tiempo posible un expediente acusatorio de ribetes históricos, con suficientes méritos probatorios que garanticen que todos los involucrados en el escándalo Odebrecht sean condenados ejemplarmente.
La sociedad reclama que los jueces condenen a quienes merezcan ser condenados, en juicio libre, oral, público y contradictorio, sin que se levanten carpas mediáticas o se improvisen coliseos políticos. Justicia es lo que se pide y se espera merecer.
