Cuatro personas abatidas a tiros cuyos cadáveres fueron encontrados en la loma Los Mogotes, de Villa Altagracia, tenían antecedentes penales y habían obtenido libertad por decisión judicial. Asimismo, un individuo apodado El Flaco, fue arrestado por diversos robos con escalamiento tras haber sido puesto diez veces a disposición de la Justicia.
Dos de los acribillados estaban en la calle por una resolución de una de las salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Los jueces variaron la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica de 300 mil pesos en la modalidad de contrato.
La corte reconoció la ocurrencia de hechos graves, pero varió la medida porque los investigadores no tenían orden de arresto al allanar el domicilio. Además, las autoridades no lograron establecer vínculo con la propietaria de la vivienda, donde había un arsenal de armas.
Resulta repugnante que dos meses más tarde, uno de los ejecutados (Manolo Boció Montero), fue detenido nuevamente por robo de vehículos. Treinta días después fue encontrado muerto. Tales hechos ocurren por la indulgencia de algunos magistrados.
El Código Procesal Penal es garantista. Protege a los delincuentes y deja indefensas a las víctimas. Ahora a los procesos penales se les llama juicios de las pruebas. Anteriormente primaba la íntima convicción del juez, conforme al viejo Código de Procedimiento Criminal.
En noviembre, 63 personas fueron asaltadas por delincuentes en motocicleta. En los primeros 17 días de diciembre, 45 personas perdieron la vida violentamente.
En la antigua Roma, el filósofo Marco Tulio Cicerón definió la justicia como la reina de todas las virtudes, y el jurisconsulto Ulpiano dijo que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Tengo la esperanza de que este principio se aplique en el país.
