No es igual hacer justicia de verdad que instrumentar maniobras judiciales para intentar quitarse presión y diezmar las impactantes movilizaciones populares y ciudadanas por el fin de la impunidad.
Marcha Verde obligó a Danilo Medina y a su régimen a acusar y apresar una pequeña parte de los implicados en la corruptela de Odebrecht.
Ellos se lo deben al justo reclamo de cobro, que vía Marcha Verde, está haciendo el pueblo dominicano frente a la enorme y trágica deuda moral, social y económica contraída por los nefastos partidos tradicionales y cúpulas empresariales y militares involucradas en grandes delitos de Estado.
Lo pagado hasta ahora es poquito e inseguro, porque la existencia de un sistema judicial tan pervertido y manipulado no garantiza que los pocos inculpados -más allá de la vergüenza pública y la prisión preventiva que sufren- sean ejemplar y definitivamente condenados.
Leonel controla muchos tribunales y Danilo aspira a controlarlos todos desde su nueva mayoría en el Consejo de la Magistratura. Ambos exhibiendo altas responsabilidades en la corruptela entronizada.
Danilo controla al Procurador y al Ministerio Público, y a través de esos instrumentos ha iniciado esos procesos “anticorrupción” que no incluyen ni a la mayoría de los sobornados ni lo fundamental y más trascendente de ese paquetazo: estafa de Punta Catalina, financiamientos o mega-sobornos electorales y sobrevaluaciones de contratos; protegiendo así más de 2000 millones de dólares y sobornos electorales que remontan los 500 millones de dólares.
Esas exclusiones han determinado que ni el Presidente ni sus anillos palaciego y congresual hayan sido investigados y procesados en ese caso; lo que delata como maniobra política-judicial una penalización parcial concentrada fundamentalmente en opositores internos y externos y lobistas implicados en los sobornos.
Mientras exclusiones tan burdas especializan el blindaje en la protección del poder corrompido que ahora administra el danilismo, dos de los implicados, Temo Montás y Ángel Rondón, dan señales de que podrían desplegar su capacidad de chantaje, forzando al Gobierno o a debilitar los procesos o a ensañarse más aun en medio de testimonios estremecedores y desgarraduras profundas.
En fin, si bien la sociedad debe meterle presión a esos procesos manipulables, lo principal es el paquetazo de delitos y delincuentes de Estado todavía no enjuiciados y el sistema putrefacto que garantiza su impunidad.
Es imperioso, pues, bajarlos del poder, trancarlos a todos, incautar lo robado y refundar las instituciones. De lo contrario no habrá fin de la impunidad.
