El PRD atraviesa una crisis profunda a raíz de los resultados de su convención, debido a las supuestas irregularidades denunciadas por uno de los aspirantes, quien no acepta la victoria de su contendor.
La situación es tan grave, que no hay organismo jurisdiccional para intervenir en el conflicto y evacuar una decisión que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que presenta un cuadro de limbo jurídico.
Sin pretensiones de oráculo, el autor de este escrito advirtió, a través de este periódico, que la ausencia del Tribunal Superior Electoral, que debió estar formado de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución, iba a traer consecuencias funestas para la cohesión del PRD.
Si los principales actores no articulan salidas para un acuerdo, habrá una crisis larga, sin una definición con miras a participar al próximo torneo electoral.
La Junta Central Electoral no tiene atribución para juzgar los conflictos internos de los partidos. Tampoco los tribunales civiles pueden conocer las contestaciones que resulten de los eventos partidarios.
Solamente el Tribunal Superior Electoral, cuyos jueces deben ser seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene la facultad legal de conocer los problemas que se susciten a las organizaciones políticas.
Cualquier decisión emanada de un tribunal en relación a una litis de carácter político, estaría viciada de pleno derecho, porque la Constitución señala, de manera taxativa, cual es el Tribunal Contencioso para emanar sentencias sobre querellas de contrincantes políticos.
En los corrillos perredeístas ya se habla de que una manera de resolver la crisis, sería que Miguel Vargas Maldonado sea el candidato vicepresidencial o dividirse cada uno dos años la presidencia de la Republica, en caso de que el PRD resulte ganancioso en la contienda electoral del próximo año.
