Madrid, (EFE).- La fiscalía española se ha opuesto a la petición de dos acusaciones de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en un macrojuicio por corrupción que afecta a ex altos cargos de su partido, el PP, al menos “por el momento”.
Se trata de juicio por la llamada trama Gurtel, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en España por su vinculación al gobernante Partido Popular, con la presencia del exsenador y extesorero de la formación, Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados.
Se investiga la adjudicación de contratos públicos de forma irregular a empresas de la trama en varios municipios y regiones gobernadas por el PP.
Durante su respuesta hoy a las cuestiones previas pedidas por las acusaciones y defensas de Gürtel, la fiscal Concepción Sabadell afirmó que “no procede” la citación de Rajoy como testigo, tal y como pidieron la semana pasada dos acusaciones populares, el socialista PSOE y una asociación de abogados.
Las acusaciones argumentaron que Rajoy debería comparecer para declarar sobre el dinero que el extesorero del partido Luis Bárcenas se llevó supuestamente de la “caja B” de la formación y ocultó luego en Suiza. Lo hicieron en base al puesto dirigente de Rajoy en el PP, por el que, a juicio de las acusaciones, tendría que conocer de lo que hacía Bárcenas en el partido.
El pasado febrero, la sección segunda de la Audiencia Nacional, que juzga este macrojuicio, ya rechazó citar a Rajoy “sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”. Por otra parte, la fiscal rechazó la petición del PP de que se le excluya del macrojuicio de Gürtel como partícipe a título lucrativo porque fue el partido nacional, y no las agrupaciones municipales, el que se benefició de 245.000 euros “de fondos procedentes de cohecho y malversación” de la trama.
La fiscal Concepción Sabadell se negó a la petición que hizo el pasado viernes el abogado del PP de que se aparte al partido del juicio y que, en todo caso, se incluya como responsables civiles a las corporaciones de la formación en los municipios de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ocurrieron los hechos que se enjuician.
“El PP fue quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros de fondos procedentes de cohecho y prevaricación y no los grupos municipales”, ha dicho la fiscal, por lo que “no procede su exclusión del procedimiento, es plenamente válida”.
