Opinión

La imagen del Tío Sam

La imagen del Tío Sam

La imagen del Tío Sam en la cruzada contra la corrupción que recorre a la región es cada vez más perceptible. Y también las consecuencias del fenómeno que comenzó en Guatemala con la renuncia y encarcelamiento en 2015, primero de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y después con el presidente Otto Pérez Molina, mucho antes de destaparse los sobornos confesados por el consorcio Odebrecht para la contratación de obras públicas.

La cancelación del visado a tres jueces que anularon la sentencia que condenaba a un acusado de narcotráfico se inscribe dentro de ese contexto. Pero como si no bastara con el incisivo mensaje, se aseguró que los magistrados fueron convocados a la embajada norteamericana para recriminarlos por el fallo judicial.

Esa intervención gravitó, según algunos analistas, en las motivaciones del juez Alejandro Vargas para rechazar el convenio a través del cual la constructora Odebrecht se comprometía a resarcir al Estado con 184 millones de dólares por los 92 que pagó en sobornos. Con tantas señales aleccionadoras, como la solicitud de extradición de la exvice de Guatemala por supuestamente introducir cinco kilos de cocaína en Estados Unidos, lo más normal es que se ponga la barba en remojo.

En su informe sobre política, democracia, democracia, derechos, seguridad, corrupción y transparencia aquí, el Departamento de Estado toma un caso de ejemplo para cuestionar el sistema judicial. Señala que el 8 de septiembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia desestimó el expediente, por falta de pruebas, contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien había sido acusado de actos de corrupción por la fiscal Yeni Brenice Reynoso.

“El caso Díaz Rúa”, dice el informe, “había estado pendiente durante dos años después que una detallada auditoría del Gobierno revelara una mala administración financiera y millones de dólares en bonos no autorizados”.

La extradición acusado de narcotráfico del senador electo de Haití, Guy Philippe, y la vinculación con el negocio de las drogas que Estados Unidos atribuyó al vicepresidente de Venezuela pueden parecer, pero no son casos aislados. Son eslabones de la cadena hilvanada por Washington para reorientar el ejercicio de la democracia y consolidar el sistema institucional, combatiendo la corrupción y la impunidad en estos países.

Las señales enviadas sobre el caso Díaz Rúa y la cancelación de las visas a los jueces que favorecieron al condenado por narcotráfico son más que claras. Pero también la intervención en algunos hechos que no han dejado de impactar en la región.

El panorama plantea que al menos con los escándalos de Odebrecht, la compra de los aviones Tucano y otros casos habrá que hilar fino para evitar que las garras del Tío aprieten con más fuerza.

El Nacional

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