Furgones, furgones y más furgones. Jueces impartiendo justicia en casas de madera con letrinas, un centenar de tribunales sin asiento y unos cimientos institucionales corroídos, es el sombrío rostro de nuestro Poder Judicial luego de cuatro años de gobierno de Danilo Medina y pese a su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
El último acto de este desolador “teatro” ha sido el anuncio del Gobierno de que de RD$711 mil millones del Presupuesto Nacional, al Poder Judicial sólo se le han consignado alrededor de RD$6 mil millones, con un pírrico incrementó de RD$800 millones en relación a la asignación del presente año, que es de RD$5 mil 600 millones.
Si el gobierno de Medina cumpliera la Ley 194-04, de autonomía presupuestaria del Poder Judicial, tendría que erogarle el 2.66 por ciento del Presupuesto a la Suprema Corte de Justicia, que representarían RD$14 mil 329 millones.
Lo paradójico de esa fractura institucional es que el Consejo de Ministro que aprueba el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos está encabezado por el presidente Medina, que, de acuerdo al artículo 178 de la Constitución, es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el máximo órgano de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
No obstante, la Cenicienta de los poderes públicos durante los primeros cuatro años de gobierno de Medina ha sido la Justicia, que ha visto agrietar las paredes de su institucionalidad y funcionamiento en medio de la indiferencia del gobernante.
Para muchos es asombroso el desinterés y la desidia del mandatario por retomar la agenda de la reforma y fortalecimiento del Poder Judicial como columna vertebral del sistema de seguridad pública.
Sin embargo, en los corrillos judiciales se rumora que la actitud de Medina frente a la Justicia se debe a que en el último Consejo de la Magistratura, encabezado por ex presidente Leonel Fernández en diciembre del 2011, no se designaron jueces que les fueran afines, por lo que el mandatario ha asumido la posición de un Convidado de Piedra frente al desmoronamiento del “edificio” de la justicia dominicana.
En esa lógica, Medina preferiría esperar una recomposición de las Altas Cortes, incluyendo la SCJ, para designar jueces afines a sus intereses y entonces empezar a atender los reclamos que por asfixia económica y falta de logística hace la Justicia.
Es lo que se ha llamado en los mentideros judiciales “ahorcamiento presupuestario”, una tendencia a dejar asfixiar en sus propias carencias las Altas Cortes hasta producir su descrédito público.
Este fenómeno no sólo afecta a la SCJ, sino también al Tribunal Constitucional, arrinconado entre sacos de arroz en el edificio del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).
En el patio del Inespre existen furgones que operan como oficinas del Constitucional, lo cual contrasta enormemente con la imagen de solemnidad y dignidad que deben representar este órgano, así como los tribunales de justicia.
La pregunta sería, ¿es esta una manera de Medina y las élites gubernamentales de mantener subyugado el Poder Judicial para que responda a sus designios?
Harapos y tribunales
Lo más inquietante de este panorama es que el Poder Judicial es la columna vertebral del sistema de seguridad pública y que hasta que existan unos “tribunales en harapos” será imposible poder garantizarel acceso a la justicia y la protección a los ciudadanos.
Así, pues, el combate a la delincuencia se entrampa en lo que se ha llamado “la puerta giratoria”, ya que los acusadosde delinquirentran por un lado y salen por el otro.
Esa situación afecta, esencialmente, a la población más empobrecida, que es la usuaria consuetudinaria de los servicios que ofrecen los tribunales, puesto quecada vez más las clases sociales pudientes optan por acudir a la justicia arbitral o privada para dirimir sus diferencias debido al deterioro de los tribunales ordinarios.
Inconstitucionalidad
A juicio de juristas, se está en un terreno cenagoso de inconstitucionalidad y desconocimiento del principio de separación de poderes, debido a que la autonomía presupuestaria es de los aspectos más sensibles de la institucionalidad de un órgano o un poder del Estado.
Más aún, si mientras esto sucede, el presidente Medina destinacuantiosos fondos a programas como el Despacho de la Primera Dama, Visitas Sorpresas y al Plan Social, que ni siquiera figuran en el organigrama legal y burocrático del Estado dominicana.
En algún momento el Tribunal Constitucional tendrá que definir el significado de la expresión “autonomía presupuestaria y financiera” respecto de los poderes del Estado y los órganos autónomos y descentralizados.
¿Hasta dónde llega el fuero del Poder Ejecutivo para desconocer una norma de la trascendencia de la Ley 194-04, que regla la autonomía presupuestaría del Poder Judicial, el Congreso y la Cámara de Cuentas?
