Abusos como el de que fue víctima Juliana Deguis Pierre, despojada arbitrariamente de su identidad por la Junta Central Electoral (JCE), hay miles. Pero el suyo resultó un caso emblemático por las repercusiones que generó cuando ese inaudito atropello fue ratificado a través de la tristemente célebre sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. De una víctima, Juliana, madre de cuatro hijos y quien tenía 34 años que había nacido en el país, se convirtió en una mártir en la lucha por los derechos humanos. Gracias a ella se tuvo que reconocer la nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana que estaban inscritos en el Registro Civil, sin importar que fueran hijos de inmigrantes ilegales, como se adujo para convertirlos en apátridas.
En una época en que por aquí suele invocarse la impotencia de un pueblo que se tenía como levantisco, Juliana, cuyo caso motivó la movilización de la comunidad internacional, ha enseñado que no es en vano la lucha por los derechos. Que su caso fuera la culminación de diferentes procesos, entre los que se incluyen resoluciones y sentencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), no le quita, sino que le confiere más significación. El dominicano que valora la justicia social tiene que sentirse orgulloso de contar con una ciudadana que no se dejó intimidar por el poder y que se atrevió a reclamar su legítimo derecho a la identidad que le habían arrebatado. Antes que castigar a las víctimas, la JCE pudo abrir una investigación y castigar a todos los oficiales civiles que se prestaron a las violaciones que invocó para justificar el abuso que se proponía.
En realidad Juliana, quien hoy se considera una ciudadana del mundo, no comenzó su vía crucis cuando la JCE la despojó de su identidad. En 2002 le habían retenido su acta de nacimiento, pero consiguió que se la restituyeran y le expidieran sus documentos. Lejos de culminar, entonces era cuando comenzaba la ardua batalla cuyo néctar pudo saborear gracias a la Ley de Naturalización que se aprobó para dejar sin efecto la siniestra sentencia del Tribunal Constitucional, al menos en lo que respecta a la nacionalidad. Porque en cuanto a la regulación del flujo migratorio nadie la cuestiona. Todos los países norman la presencia de extranjeros y República Dominicana no podía ser la excepción.
El caso de Juliana constituye un valioso referente. Tarde o temprano la verdad y la justicia terminan por imponerse. Ella no tenía más recursos que la razón. No se le podía privar de una identidad a través de una sentencia que para tratar de justificarla -porque no se bastaba a sí misma-, el tribunal y sus defensores se evidenciaron al tratar de sacar de contexto el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte sobre la nacionalidad.
