El primer proyecto de Ley de Partidos Políticos fue introducido a la Cámara de Diputados en fecha 11 del mes de agosto del año 2009. La pieza perimió. Contenía un conjunto de artículos dirigidos a regular las actividades proselitistas. Cuando se conocía la norma, un grupo de diputados suprimió del texto la parte en que se consignaba el castigo penal a los responsables de fomentar el transfuguismo, una práctica deleznable mediante la cual son sonsacados dirigentes connotados de la oposición.
Era común en cada evento electoral, y todavía sigue siéndolo, la compra de conciencias para conseguir adeptos a cambio de dinero y ganar unos comicios con trampas de toda laya, sin ningún sonrojo y miramiento de quienes se prestan a debilitar a las organizaciones contrarias.
Ahora mismo, reposan en la cámara baja varios proyectos, sometidos por la Junta Central Electoral, entidades políticas y personas físicas que buscan crear un estatuto legal que sirva de marco ético a los partidos para las próximas competencias electorales.
Aunque es de consenso la idea de que debe aprobarse una normativa electoral, parece que la dejadez y la indiferencia consciente harán colapsar las iniciativas que están depositadas en el Congreso.
Una de las acciones más indignas es el transfuguismo político, el cual constituye un delito en países como Colombia y España. La legislación primigenia, otorgaba a los partidos los cargos electivos, y quienes renunciaban a ocupar esos cargos debían ser sustituidos por miembros de la organización que los postuló.
El proyecto original contemplaba numerosas prohibiciones a los partidos y agrupaciones políticas. Es pertinente mencionar la prohibición de favorecer a personas allegadas de los dirigentes de partidos, otorgándoles candidaturas que estos dirigentes puedan arrebatar a quienes las hayan ganado en procesos convencionales reconocidos como válidos.
