Todos los gobiernos tienen sus caras duras. El/la presidente/a puede ser la persona más popular, pero tiene alguien que le haga el trabajo duro, claro con el apoyo presidencial. Es lo que sucede en Estados Unidos, en donde, en contra de los pronósticos, el presidente Barack Obama ha seguido la misma política dura de la anterior administración por la protección de los derechos de propiedad intelectual.
No hay que olvidar la influencia enorme, tanto política como económica, de las principales organizaciones lobistas vinculadas a la industria del entretenimiento y farmaceútica en Estados Unidos. ¿Quién aplica la política del big stick? Lo hace la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, mejor conocida, como United States Trade Representative (USTR), que depende directamente del presidente.
El pasado 30 de abril, como es costumbre, la USTR publicó la Lista Especial 301, un mecanismo unilateral que data de hace más de 15 años, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revisa la situación de los derechos de propiedad intelectual. En virtud de esta atribución, en caso de que el Gobierno EU considere que un país viola los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de compañías norteamericanas, puede unilateralmente suspender el intercambio. La disposición se mantiene, aunque han sido suscritos tratados de libre comercio, que establecen mecanismos de disputas de controversias. Eso contrasta con las normas internacionales.
Hay dos tipos de vigilancia, según la 301: La Lista de Vigilancia Prioritaria (Priority Watch List), que en este año, incluye a doce países: China, Rusia, Algeria, Argentina, Canada, Chile, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela.
Y, en segundo lugar, está la Lista de Vigilancia No Prioritaria (Lower Level Watch List):Belorusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia y otros países.
Las informaciones que nutren este reporte son suministradas por los oficiales comerciales de Estados Unidos en estos países, incluyendo las informaciones de las organizaciones lobistas en Washington. No ha habido reacción oficial sobre la inclusión de este país en esa lista, y siendo objetivo, a diferencias de cómo era el texto en épocas pasadas, el mismo contiene un dato muy cierto: la deficiencia del gobierno está en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. En España, aunque la acusación unilateral es de otra naturaleza (las descargas por internet), por citar un caso divulgado en la prensa, la reacción no se ha hecho esperar: EEUU abronca a España por ‘pirata’.
Sí, creo que, como país signatario del DR-CAFTA, la lista 301 es una afrenta a la normativa internacional, aprobada por nuestros Congresos, y que es parte de nuestra legislación interna.
Con pesar, reconozco que la frase de Theodore Roosevelt, “la política del big stick”, dicha en 1901, es difícil que sea vencida por la actual administración, aunque las esperanzas nunca se pierden.
