Opinión

La muerte del secreto bancario

La muerte del secreto bancario

El secreto bancario, otrora estandarte de la relación de confianza y discreción que debe imperar entre banqueros y sus clientes, está muerto o cuanto menos moribundo. Los Estados, que siempre vieron con recelo la confidencialidad de las operaciones entre los bancos y sus clientes, han encontrado en su deteriorada situación fiscal a raíz de la crisis del 2008 la excusa para volcarse en contra de un principio que fue esencial en la creación y persistencia de la banca como negocio. En todo el mundo las disposiciones legales que preservaban el secreto bancario están siendo debilitadas o directamente eliminadas bajo la excusa “robinhooodesca” de los Estados que alegan perseguir la evasión fiscal, no siendo la República Dominicana la excepción.

Ni Suiza, país conocido por su estricta adhesión a la confidencialidad de los negocios bancarios como parte intrínseca a su naturaleza de Estado neutral, ha podido escapar a la vorágine fiscal. Desde las sanciones al gigante bancario UBS por alegadamente encubrir clientes que evadían impuestos, la cercana y definitiva implementación del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de Estados Unidos, y hasta la creciente presión política de la Unión Europea encabezada por François Hollande para obligar a la banca a dar información, viene levantando preocupación en países como Suiza y Luxemburgo, cuyos sistemas financieros, fortalecidos por una fuerte tradición de adhesión al secreto bancario, hoy son parte fundamental de sus economías.

 Localmente el frágil secreto bancario, que ya estaba entredicho en los procesos de embargo retentivo y protestos de cheques, quedó herido de gravedad con las retenciones a los intereses generados por los depósitos incluidas en la pasada reforma fiscal. Si a esto le sumamos que es probable que la banca nacional asuma las disposiciones de FATCA para evitar las onerosas sanciones que impondría sobre sus depósitos e inversiones en sus bancos corresponsales en Estados Unidos, el secreto bancario aquí quedará virtualmente inexistente.

 Me resulta siniestra esta reciente afronta de un puñado de políticos, con un fin abiertamente fiscalista. Exigir que los bancos se conviertan en soplones para los agentes fiscales es partir de un principio de presunción de culpabilidad de los contribuyentes.

 El secreto bancario es reflejo del Derecho a la Privacidad. Este último se ha convertido en la víctima preferida de los Estados en esta era, y se ha visto cada vez más limitado con propósitos dudosos como “mejorar los niveles seguridad ciudadana”, “reducir el robo de identidad”, “evitar que armas caigan en manos de delincuentes”,  y recientemente “para asegurarnos que cada quien pague al fisco lo que realmente debe”.

 Para fines prácticos, la aniquilación del secreto bancario no parece que conlleve impacto significativo sobre los números de la banca, y tampoco entiendo que esto implique las consecuencias económicas que aluden los más enardecidos críticos. Pero no puedo evitar preocuparme por el funesto precedente que establece, dándose hoy por sentado que los Estados siempre van a estar “moralmente facultados” a invadir la privacidad.

El Nacional

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