Opinión

La mujer del César

La mujer del César

Debe suponerse que el aumento de salarios a directivos y funcionarios de la Cámara de Cuentas (CC) estaría consignado en el presupuesto de esa institución para este año, pero aun si así fuera envía una señal equivocada a la sociedad que no entiende si ese incremento de sueldos ha sido justo o fruto de un irritante privilegio.

No se trata de establecer ilegalidad o no de la resolución sobre política salarial, lo que se afirma es que ha sido ilegítima e inoportuna, porque lo invalida a predicar con el ejemplo en momentos cuando la colectividad requiere que ese órgano regulador cumpla con su obligación de encender la lámpara de Diógenes.

El 85% de los empleados de la Administración Pública devenga sueldos por debajo de 15 mil pesos mensuales, por lo que llama la atención que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas dispusieran sobre sus salarios de $350,000 y $313,000, incrementos que van de $65,793 a $73 mil 500.

Es posible que los integrantes del Pleno de la CC, funcionarios, técnicos y empleados requieran de aumentos mayores de sueldos, pero es menester recordar la advertencia que una vez se le formuló a la mujer del César, de no solo ser honrada, sino de que también debía aparentarlo.

Los miembros de la Cámara de Cuentas tienen el compromiso de determinar mediante el levantamiento y análisis de oportunas auditorías, si el cáncer de la corrupción ha permeado instituciones públicas, autónomas o descentralizadas, así como señalar a los funcionarios que serían imputados de peculado o al menos de negligencia.

Es por eso que se afirma que una institución de tanta relevancia para la sanidad de la Administración Pública y para la institucionalidad democrática, no puede ni debe decidir para su propio provecho ni enviar señal equivocada a una sociedad que reclama cortar todas las cabezas a la hidra de la corrupción.

Contratiempo

El lado positivo de la convención para escoger a las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido que transcurrió sin incidentes, mientras que como parte negativa se cita la suspensión de las votaciones en diferentes municipios porque las boletas y actas no llegaron a tiempo.
La comisión organizadora de esos comicios y la dirección del PRM tienen el compromiso de reprogramar fechas de celebración de votaciones en los lugares donde no se efectuaron y de actuar con transparencia en el conteo de los votos emitidos.
Al PRM le conviene que se ofrezcan convincentes explicaciones sobre las causas que generaron el percance que impidió sufragar a sus miembros en numerosas comunidades, y que el contratiemp

El Nacional

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