RÍO DE JANEIRO, (AFP) – La ONU expresó el jueves “preocupación” por el ataque perpetrado por hacendados contra indígenas de la etnia gamela en el noreste de Brasil y exigió “tolerancia cero” en las investigaciones ante la “gravedad” del episodio.

Los atacantes hirieron a trece indígenas, amputando las manos de uno de ellos, en una redada llevada a cabo el domingo pasado en tierras en disputa en el estado de Maranhao.

“El sistema ONU en Brasil recibió con preocupación el informe sobre el ataque en el que resultaron heridos indígenas de la etnia gamela (…) en el municipio de Viana, en Maranhao, una región marcada por conflictos sobre demarcación de tierras”, afirmó el escritorio de la ONU en Brasil en un comunicado.

“La ONU exige que las autoridades conduzcan las investigaciones con rigor y determinen una tolerancia cero ante cualquier forma de desconsideración de la gravedad de la violencia contra los pueblos indígenas y de impunidad de los agresores”, agrega.

El organismo “urge a garantizar la celeridad e imparcialidad de la investigación policial y judicial” y a brindar “protección ante eventuales amenazas a las víctimas y a los testigos de lo hechos”.

“El Sistema de Naciones Unidas se solidariza con las víctimas y manifiesta su disposición a apoyar al Estado brasileño en la aplicación de medidas para eliminar el racismo, la discriminación étnica, las expresiones de odio, la violencia y las violaciones de derechos de los pueblos indígenas”, concluye.

Organizaciones indigenistas acusan al gobierno del presidente conservador Michel Temer de haber delegado las cuestiones indígenas a funcionarios vinculados a la poderosa bancada ruralista del Congreso, vinculada al agronegocio.

El ministro de Justicia, Osmar Serraglio, prometió el miércoles activar los procesos de demarcación de tierras. Los gamela alegan que las tierras en disputa les fueron donadas durante la época colonial, pero que fueron expulsados de allí a partir de 1970 debido a la expansión de las actividades agropecuarias.

Desde 2015 los indígenas han decidido volver a ocupar algunas regiones por cuenta propia, lo que ha generado enfrentamientos con los productores allí instalados.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, vinculada a la Iglesia católica), 61 personas fueron asesinadas en 2016 en Brasil en conflictos rurales, en su mayoría campesinos asentados o sin tierra, presionados por grandes hacendados para dejar las áreas ocupadas.