Es vox populi que no contamos un Ministro del Interior confiable. La estela que dejó en Migración, cuando nunca fue más feroz la actitud de quienes deportaban a los y las haitianas, y se rumora que hubo desfalcos millonarios; y su falta de luces durante su reinado en el Ministerio de Educación, son temas de conversación de prácticamente todos los ágapes a que asisto.
El problema es que en tiempo de crisis los gobiernos prestan oídos a personas como el hoy ministro, quien ya se ha destapado dos veces con la acusación de que la “izquierda está tratando de apoderarse de la Marcha Verde”, como si quienes participan en la Marcha fueran gente que no piensa y fácilmente influenciable.
Un irrespeto a los vastos sectores, (a los cuales se suman los Jesuitas con un comunicado), que conforman el hastío de los sectores medios, ahora también populares, con la política cotidiana de este país.
Dos hechos parecen confirmar esta preocupación: El primero fue la violenta represión de los cañeros que se manifiestan frente al palacio, ancianos todos, que se van muriendo sin recibir una miserable pensión de tres mil, cuatro mil y cinco mil pesos mensuales, por toda una vida de trabajo, cuando aquí hay individuos con pensiones de medio millón por un año de botellismo, que son de todos conocidos; y cualquier amante de funcionario gubernamental recibe su botellita de cuarenta, cincuenta y cien mil pesos mensuales.
Si yo fuera el gobierno le daría un boche a Amarante Baret por la bestialidad y otorgaría las pensiones a un sector que con infinita paciencia todavía se atreve a protestar. Ciertamente le saldrán más baratos que las amantes de turno de una pléyade de funcionarios cuyos nombres y direcciones tenemos, y este gobierno podrá jactarse de haber hecho con los infelices cañeros lo que nunca se ha hecho: justicia.
El segundo, el asesinato de un joven dirigente del Falpo mientras conversaba con unos amigos. Darle un tiro en el ojo no fue casual, fue un acto de sicariato policial y nos tememos que fue una provocación adrede para que la extensión de la huelga a toda la región se radicalice y comience una batalla campal entre policías y juventud de San Francisco de Macorís que legitime las acusaciones de un gris funcionario, de “auge terrorista”, en búsqueda de pescar en rio revuelto.
Sabemos que el presidente esta estresado, y con razón. Lo del abogado Rodrigo Tacla es un desmentido a sus desmentidos y proclamada ignorancia frente a los actos de corrupción de la compañía Odebrecht, pero eso se alivia con una vacación, (y agosto es el mes de las vacaciones), no con represión: una fórmula para el desastre. ¡Buen viaje!
