La Constitución establece que la justicia se administra gratuitamente en nombre de la República por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Carta Magna y las leyes. Si existe justicia tardía o un clima de inseguridad jurídica, la responsabilidad de esta situación se atribuye a los órganos jurisdiccionales del Estado. Por eso, en el combate a la delincuencia tienen un rol importante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Ambos organismos están bajo la dirección del doctor Mariano Germán Mejía.
Continúan las críticas contra magistrados que actúan con penosa benignidad, al poner en libertad a imputados de cometer hechos graves, cuando sería preciso imponerles prisión preventiva para impedir la repetición de las infracciones.
Hay que saludar la postura del presidente de la Suprema, quien enfatizó el papel que deben jugar los jueces en la aplicación de justicia, invitándolos a que cumplan con sus deberes porque sólo así podrán acercarse en el ejercicio de sus funciones a los conceptos universales de la justicia.
El doctor Germán Mejía, con más de 32 años impartiendo enseñanza y autor de varios libros de derecho, reconoció que en el Poder Judicial no está de todo bien y abogó por continuar la formación de los servidores judiciales.
En la medida que prevalezca un Poder Judicial fuerte, los índices de delincuencia tendrán que disminuir. La flexibilidad y la elasticidad deben desaparecer en las sentencias evacuadas por los tribunales en relación a las espeluznantes acciones de violencia y crímenes horrendos.
La doctrina sostiene que el derecho es una dinámica, una permanente voluntad de orden y de justicia, un cauce de convivencia y, quiérase o no, aspira a transformarse en una ciencia de observación, e incluso de experimentación.
