Opinión

La trampa del poder

La trampa del poder

Namphi Rodríguez

Una de las herencias más negativas que ha dejado la reelección del presidente Danilo Medina ha sido sesgar el naciente neoconstitucionalismo dominicano al ponerlo al servicio de prácticas de dudosa raigambre democrática para legitimar despropósitos institucionales del poder constituido.
Desde los albores de la República, con la Constitución del 6 de enero de 1844, el país vio asomar el fantasma del despotismo que gobernaría su azarosa vida institucional durante más de siglo y medio.
Pese al gran civilismo de los constituyentes reunidos en San Cristóbal, el general Pedro Santana se empecinó en que el gobierno de la naciente República debía ser militar y no civil, cuestión que le fue denegada a cambio de aprobarle el nefasto artículo 210, que le concedía poderes excepcionales al Presidente convirtiéndole en un “sultán otomano en el Caribe”, exento del régimen de responsabilidades y consecuencias de sus funciones.
Despuntaba así el autoritarismo político y el afán reeleccionista que, con muy escasas excepciones, tocaría las puertas del mismo siglo XXI en nuestra nación.
En medio de semejante escenario, la disciplina del Derecho Constitucional se vio eclipsada tanto por la ausencia de estudios sistemáticos, como por la vigencia de “constituciones pedazos de papel” que servían de instrumento al gobernante de turno.
Mentes brillantes como la de Manuel (Don Cundo) Amiama dedicaron su extraordinario talento a confundir el Derecho Constitucional con el Derecho Administrativo como una manera de eludir la dictadura de Trujillo y una Constitución democrática como la de Juan Bosch duró menos que una cucaracha en un gallinero.
Tres reformas constitucionales (1966, 1994 y 2002) enrumbaron el país por “constituciones semánticas”, en las que el texto de la Carta Magna se convirtió en una simple suma de palabras. No es sino hasta el 2010 que el presidente Leonel Fernández rompe con esa tradición y promulga la Constitución del 26 de enero.
Esa Constitución ha sido la más importante de nuestra historia republicana y ha tenido el mérito de producir el tránsito del Estado de Derecho liberal al Estado Social, al proclamar por vez primera una Carta Política normativa que procura la sujeción de gobernantes y gobernados a su imperio.
Pero apenas un lustro después, el país vuelve a las viejas andanzas del santanismo con la reforma promovida por el presidente Medina para imponer su reelección.
Ahora, se rumorea que, el mismo grupo de juristas que sirvió de justificadores a esa reelección y a despropósitos como el Estado de emergencia recientemente declarado, trabajan en un “bajadero” para intentar una segunda reelección del presidente Medina.
Desde el atril de nuestra historia constitucional sólo queremos recordar la frase de Lord Acton que reza que “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

El Nacional

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