La anunciada venta del 49% de la acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo [Refidomsa] a Venezuela compromete un considerable bien del Estado dominicano, así como el procesamiento y manejo de recursos altamente estratégicos. De manera que esa operación debe ser escrupulosamente analizada y revisada por todos los sectores de la vida política y económica del país.
Sancionada, asimismo, por el Congreso de la Republica, como establece la Constitución. Antes que nada, ahondar en los serios problemas financieros que asfixian a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. El famoso informe Robline, que puede encontrarse en Internet, advierte sobre los efectos de la demanda que la empresa Exxon Mobil, introdujera en tribunales internacionales en contra de Pdvsa, que tiene congelados unos 2 mil 500 millones de dólares en el UBS-AG, Zurich, que decidió aplicar la medida para cumplir con las exigencias del tribunal internacional. En una comunicación que habría remitido al Banco Central de Venezuela, el UBS-AG, Zurich, manifestó su molestia porque este organismo dispuso de su cuenta en esa entidad para la recepción de facturas petroleras de Pdvsa. Argumenta el mencionado banco que su imagen internacional ha sido trastornada por ese desvío de recursos a una empresa previamente bloqueada financieramente. Advierte que no trabaja más con el Banco Central de Venezuela para los traspasos de fondos internacionales. Esta es una muestra de cómo maneja el gobierno de Chávez sus relaciones comerciales y los sagrados acuerdos comerciales internaciones. La experiencia Pdvsa-Curoil que vincula la refinería de Curazao con Venezuela ha sido bastante desagradable y dañina para la pequeña isla neerlandesa como para repetirla aquí. En un difundido reporte de sus operaciones financieras Pdvsa admite los gigantescos pasivos que llegan a la astronómica cifra de US$65.535 millones.
