La empresa que administra el vertedero de Duquesa, Lajun Corporation, continúa guardando silencio sobre el conflicto que envuelve a ese depósito de desperdicios y a la posición del Gobierno, las autoridades municipales, la Cámara de Diputados y otros sectores.

El nuevo conflicto entre Lajun y las autoridades estalló cuando la empresa comunicó su decisión de restringir los días y el horario para el vertido de basura a los ayuntamientos Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pantoja.

Desde entonces, El Nacional ha hecho múltiples esfuerzos por comunicarse con los ejecutivos de la compañía sin ningún éxito.

Ayer la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, dijo que cualquier restricción del depósito de desperdicios en Duquesa atenta contra la salud de la población.

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, advirtió que no habrá negociación con los ejecutivos de Lajun y advirtió que el vertedero permanecerá abierto “por las buenas o por las malas”, para evitar que las calles del Gran Santo Domingo se inunden de basura.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Francisco Matos, pidió al Ministerio Público que aprese a los ejecutivos de Lajun y los acuse de provocar daños a la salud de la población.

El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, localidad donde está ubicado el vertedero, dijo que está preparado para intervenirlo si Lajun cumple su propósito.
Recordó que, el pasado miércoles, envió a la empresa un acto de alguacil en el que le especifica una serie de requisitos que debe cumplir en un plazo de 30 días si quiere seguir administrando a Duquesa.

De lo contrario, el contrato quedará rescindido en ese plazo.
Entre esos requisitos figura hacer la inversión establecida en el contrato que firmó con la alcaldía de Santo Domingo Norte.

El exsecretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), Domingo Contreras, advirtió que Lajun tendrá que ajustarse al marco legal del país tan pronto entre en vigencia el plan Dominicana Limpia, anunciado por la administración del presidente Danilo Medina. Consideró inconcebible que se tomen medidas unilaterales en la administración de un servicio vital para la salud de los dominicanos.
“Cuando se ofrece ese tipo de servicios no puede haber huelgas, ni recortes de horarios, porque esas acciones están prohibidas y penadas para un prestador del área de la sanidad pública”, dijo.

Hoy, Duquesa operaba con retrasos. Los camiones entraban con la misma agilidad de siempre, pero ninguno salía vacío, mientras las filas de camiones se alargaban.

PGR indaga situación tierras Duquesa

La Procuraduría General de la República trata de determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad penal en el caso de los terrenos del vertedero de Duquesa que fueron comprados al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) por parte de la compañía Lajun.
Empero dijo que la investigación se encuentra en la etapa procesal secreta, por lo que no puede dar ningún tipo de información a los medios de comunicación.
A través de la dirección de prensa y comunicaciones, la Procuraduría dijo que el Ministerio Público hace su propia investigación, para determinar con certeza la existencia o no de indicios penales en dicho caso.
“Con respecto a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en torno al caso de los terrenos del vertedero de Duquesa y la empresa Lajun, tenemos a bien hacer las siguientes precisiones: el Ministerio Público lleva cabo sus propias investigaciones, para determinar con certeza la existencia o no de indicios de responsabilidad penal”, informó la Procuraduría a través de su vocera oficial Julieta Tejada.
Recordó que la investigación está a cargo de un equipo de fiscales, integrados por el director Nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier.
“Debido a que estas indagatorias se encuentran en pleno desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 290 del Código Procesal Penal, por el momento no es posible divulgar detalles respecto a las mismas”, manifestó Tejada.