La codicia humana pone el dinero por encima de la salud de la gente
La desesperación se apoderó de los médicos y de la familia del niño Joaquín Acosta.
Tres días después de aplicarle el tratamiento correcto para controlarle un shock séptico los glóbulos blancos seguían subiendo.
La angustiosa y urgente búsqueda de alternativas para enfrentar el problema llevó al equipo de especialistas a aplicarle el mismo medicamento, pero de otro fabricante, ante la posibilidad de que la fórmula usada fuera falsificada…
Inmediatamente la infección empezó a ceder y desapareció el peligro de muerte inminente que amenazaba al adolescente de 13 años de edad.
Cientos de dominicanos, sin la suerte y los recursos económicos de Joaquín, mueren en clínicas y hospitales víctimas del mercado de los medicamentos falsificados, con fechas vencidas o alterados en su composición.
Ante la vista de todos, ese criminal negocio, que implica la fabricación, importación y venta de fármacos adulterados, crece como la verdolaga en el territorio nacional, moviendo entre $1,000 y $1,300 millones anuales, el 10 por ciento del mercado.
El empresario Rufino Antonio Santos Urbáez, alto directivo de la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines (Adosume), calcula que entre el 40 y el 50 por ciento de las medicinas que se comercializan en el país son falsificadas o entran de contrabando.
El dirigente empresarial insiste sobre la gravedad de esa práctica para la salud de la población.
“Usted se imagina un cirujano operando y que, en medio de la cirugía, el paciente pierda el efecto de la anestesia porque ese producto es de mala calidad o porque fue adulterado. Eso pasa en este país”, aseguró.
El riesgo es igualmente delicado en el caso de los productos alterados con sustancias nocivas, porque crean en los enfermos complicaciones más complejas como la invalidez.
Santos Urbáez también precisa que el territorio dominicano está “abarrotado” de medicamentos de la India, China y otras naciones.
Manifestó que quienes comercializan medicinas ilícitas tienen a República Dominicana en una lista de “países basura”, junto a Etiopía, el Congo y otros territorios en los que pueden colocar con facilidad su mercancía.
“Ellos se sorprenden cuando un importador serio rechaza sus ofrecimientos”, precisó el director de relaciones públicas de Adosume, entidad que agrupa a 38 fabricantes e importadores de fármacos, que venden el 60 por ciento de las compras del gubernamental Programa de Medicamentos Esenciales (Promese).
Cuáles son
El artículo 4 de la Ley 22-06 expresa que un medicamento falsificado “es aquel cuya etiqueta o envase engaña de forma deliberada y fraudulenta acerca de su identidad, origen o contenido”.
“La falsificación se aplica, tanto a los medicamentos con denominación comercial, como a los genéricos e incluye productos con ingredientes inadecuados, sin ingredientes activos, con cantidades inadecuadas de ingredientes activos, con un envasado falsificado”, sigue diciendo la legislación.
“A la vez comprende, todo medicamento que no cumpla con los requisitos del registro sanitario vigente en la República Dominicana”.
De esa práctica delictiva no escapa ningún producto de salud, pues afecta a los medicamentos, los dispositivos médicos, los cosméticos, los productos de higiene personal y del hogar y los medios diagnósticos.
Antihipertensivos, analgésicos, antibióticos, vitaminas, productos de potenciación sexual, analgésicos, engrosan la larga lista de productos y medicamentos falsificados que se expenden en farmacias, supermercados, colmados, almacenes, marquesinas de viviendas y hasta en mercados de pulga.
Tizas, azúcar, harina son algunos de los componentes que contienen.
Un delito grave
Ese flagelo sigue causando estragos en la salud de la población a pesar de que múltiples instituciones públicas y privadas dicen combatirlo.
El economista Jaime Aristy Escuder, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi), atribuye tantos medicamentos falsificados en el mercado a la falta de sanciones contundentes y ejemplarizadoras de parte de las autoridades judiciales y “otras debilidades del sistema regulatorio”.
“Los falsificadores operan con total impunidad, tratándose de un crimen que está sancionado penalmente”, consideró.
“Es un delito grave que pone en peligro las vidas humanas, afecta la credibilidad del sistema de salud, perjudica los logros alcanzados en materia de salud pública y amenaza la eficacia de la luchar contra las enfermedades prioritarias”, precisó Aristy Escuder.
El artículo 156 de la Ley General de Salud 42-01, contempla prisión de 2 a 10 años por la alteración química o física de los medicamentos y su comercialización.
El artículo 61 de la Constitución de la República consagra el derecho de la población a acceder a medicamentos de calidad.
Otras sanciones están contempladas en el Código Penal; Ley sobre Propiedad Industrial, 20-00 y la Ley General de Aduanas, 3489.
La facilidad para los infractores mueve a pensar en la complicidad de los organismos estatales creados para combatirlo.
Fallan los controles estatales
“Lo que pasa es que estamos poco regulados”, expresó el empresario Santos Urbáez, refiriéndose a la incapacidad técnica y humana de la Dirección de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública para supervisar un mercado de más de 3,000 farmacias y 800 fabricantes, importadores y distribuidores de medicinas.
Advirtió, además, que “Si no se controlan las aduanas, Salud Pública no tendrá nada que hacer contra las falsificaciones, los contrabandos y las adulteraciones”.
En los considerandos de una resolución que pedía investigar el auge de medicamentos alterados, el senador por La Vega del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euclides Sánchez, señala que “a pesar de múltiples denuncias de empresarios del sector farmacéutico no se aplica la Ley”.
Dos años atrás, la resolución 4-2014 del Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, con el mandato de investigar, perseguir y procesar a todo responsable del comercio ilícitos de medicinas falsas.
El director, de esa entidad, magistrado Rafael Brito Peña, aseguró que ese organismo da seguimiento a 38 casos derivados del mercado ilícito de medicamentos, contra laboratorios, farmacias, boticas no acreditadas y personas particulares.
Además, a varios casos denunciados en los años 2014 y 2015, contra quienes se han formalizado las acusaciones correspondientes y dispuesto apertura a juicio en algunos.
Sin embargo, el país no registra una condena sobre el particular.
El caso reciente más sonado es el del dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Cruz.
Competencia desleal
El presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) se refirió a cómo los productos de medicamentos ilícitos hacen competencia desleal a quienes cumplen con los estándares de calidad y seguridad que exigen la ley y los organismos que regulan el negocio.
“Cómo es lógico, afectan económicamente a las empresas del gremio que ven mermadas sus ventas”, dijo.
“ARAPF tiene un historial de más de veinte años luchando contra el flagelo de los medicamentos falsificados”, precisó.
Esa lucha le llevó a integrar un departamento de investigación especializado en ese delito, “considerado un ejemplo en América Latina” que ha ayudado a las autoridades del Gobierno a decomisar millonarios depósitos de medicinas ilícitas.
