El caso de la Ley del Notariado dominicano, impulsada por el Colegio de Notarios y sacada al vapor por el Congreso, expone a la luz de todos los fallos fundamentales en el proceso de elaboración de leyes en República Dominicana. El “legislatollo” que se inventaron los senadores para suspender la aplicación de dicha ley, y la mayúscula metida de pata de los diputados en rechazar el susodicho “legislatollo”, muestra con lujos de detalles la falla esencial en el sistema central nervioso de la institucionalidad dominicana; estamos esperando que los ciudadanos cumplan un régimen jurídico que ni los mismos que lo crearon saben respetar. Hay algo fundamentalmente mal en la forma como creamos las leyes que nos rigen, y eso no luce que vaya a ser corregido en el corto o mediano plazo.
La Ley del Notariado dominicano es un disparate en tantos frentes que es impresionante que los 222 legisladores así como su ejército de asistentes, en los cuales nos gastamos más de RD$6 mil millones cada año, no fueran capaces de dar su voz de alerta para cuanto menos ahorrarse la vergüenza de no votar a favor de tan enorme adefesio. La ley no sólo es un problema respecto de las jugosas tarifas que los notarios decidieron auto-asignarse en su anteproyecto de ley, sino que también esta contiene todo un gran bufet de graves inconsistencias constitucionales y un persistente deseo de pasarse docenas de procedimientos con casi un siglo de soporte jurisprudencial y doctrinario por donde no alumbra el sol.
Una vez metida la pata en un pozo de lodo (por no usar otra palabra) del tamaño del Mar Caribe, los senadores se inventan un “proyecto de ley para suspender una ley” que trata de revivir una ley derogada como si fuera un zombie, para poner la Ley de Notariado recién sacada del horno en un coma inducido para despertarla una vez haya sido remozada.
Como si el hecho de que los senadores ya se habían decidido bañar dentro del pozo de lodo (por no usar otra palabra) no fuera suficiente, los diputados deciden montarse una bañera alimentada de las aguas cloacales de Duquesa, rechazando el proyecto de zombificación legislativo y dejando colgado en la incertidumbre a los cientos de miles de dominicanos que requerirán servicios notariales y a los mismos notarios a lo largo de todo un mes.
Lo que ha ocurrido con la Ley del Notariado es un patético y vergonzoso circo. El proyecto en la forma que fue sometido por el Colegio de Notarios no habría pasado ni siquiera con una lectura hecha a las carreritas por alguien con el más mínimo criterio de la función legislativa.
El destino de la susodicha ley me deja sin cuidado. La Ley del Notariado dominicano podrá ser modificada a una versión menos cómicamente absurda que la vigente, o podrá quedar vigente sin modificaciones dejando la función del notariado reducida a algo marginal sustituida por las múltiples alternativas legales disponibles en la actualidad y a los notarios sin pito y sin flauta.
Lo que sí espero es que si el Congreso Nacional decide auto-otorgarse un Presupuesto que le otorga el cuestionable honor de ser uno de los cuerpos legislativos más caros del hemisferio, es que en lo adelante al menos tengan la decencia de hacer una pantalla y aparentar que realmente lo vale dignándose en leer lo que aprueba, que para eso es que se les paga.
