El proceso contra el senador Félix Bautista ha evidenciado, desde un primer momento, la desconfianza en el sistema judicial. Cuando el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, decidió investigar la procedencia del patrimonio del legislador de San Juan y antiguo director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) se pensó que la acción era parte de un espectáculo para distraer o engatusar a la opinión pública en la lucha contra la corrupción. Bautista habría sido el elegido porque lucía el más vulnerable tras los escándalos en que se había visto envuelto durante la gestión de Leonel Fernández. Pero en la medida que afloraban detalles sobre el patrimonio del también secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la percepción en torno al caso comenzó a modificarse. Ya no se veía como parte de un show, sino como una persecución seria.
Por su determinación, Domínguez Brito se hizo merecedor del respaldo de importantes sectores, incluido al embajador de Estados Unidos, James Bewster. Y de esa misma forma también suscitó el estigma de senadores y diputados, que por el expediente instrumentado contra Bautista amenazaron con interpelarlo por supuesta violación de la Ley de Organización Judicial. El alboroto legislativo se diluyó, en lo que se interpretó que el entorno del congresista se había rendido a las evidencias. Pero la ilusión de un proceso justo duró poco. La designación del magistrado Alejandro Moscoso para conocer el juicio preliminar volvió a generar las más variadas conjeturas por su condición exfiscal del Distrito Nacional y los vínculos que se le atribuyen con el PLD. Entidades y juristas no tardaron en reconocer que Moscoso no era el más indicado para el caso.
Que Moscoso condujera el proceso con bastante equilibrio, rechazando incluso incidentes presentados por los abogados del legislador, no dejó de crear cierta confusión. Muchos pensaron que esa actitud y los documentos divulgados por la Procuraduría General de la República sobre el patrimonio de Bautista no dejaban más opción que enviar a este a juicio. Sin embargo, las dudas volvieron a aflorar después que el magistrado se reservara el fallo del juicio preliminar para el viernes 27. Simplemente, porque no parecía una fecha casual. Habría sido fríamente calculada. Por ser víspera de Semana Santa, la tormenta que levantaría la sentencia sería efímera porque la gente estaba en otra cosa.
Las dudas que desde el principio hasta el final giraron en torno al proceso reflejan una crisis de confianza, tanto sobre la lucha contra la corrupción como –y lo que es peor- sobre la integridad e independencia del Poder Judicial. No son pocos los que afirman que a Bautista lo salvó la influencia de su condición de figura prominente del PLD.
