Si puedes controlar la información; podrás controlar a la gente.” Tom Clancy. Hago la obligada referencia porque un determinado grupo de juristas venimos observando con extremada cautela, el ribete chantajista con que se aborda la nueva ley de lavado; que no fue debatida en nuestro congreso sino impuesta por los EEUU.
En dicha legislación advertimos –desde antes de su promulgación- que la misma se presta a ser utilizada con fines políticos. Esta ley no va “acabar” el lavado de activos; al contrario, va incrementar el costo de la operación, aumentando margen de ganancia a los actores, ya que se diversificarán modalidades de trasiego de efectivos a través de instrumentos de valores, sobrefacturaciones comerciales, criptomonedas, compra de cheques, nominillas fantasmas y micropagos internacionales conocidos como “pitufeo”.
Tampoco va detener flujo de dinero en un país donde el 70% de los comercios se mantienen en la informalidad.
¿Entonces, que se busca con la afectación al secreto profesional de contadores, asesores tributarios, abogados y del secreto bancario? Se pretende establecer mecanismos que permitan control directo de información de cuentas, títulos y valores de empresas, clientes y usuarios para tener seguimiento continuo de dichos bienes y poder utilizarlos en su contra bajo el chantaje de “fiscalización”.
El gobierno desea saber todos los movimientos financieros de sus opositores y relacionados para tener instrumentos de control intimidatorio y represivo. Muchos de los clientes de nuestra firma son empresas a las cuales asistimos en la elaboración de estrategias fiscales que permitan evitar tributos innecesarios; que no es lo mismo que evadir impuestos. Ahora han mezclado a mansos con cimarrones.
Existen iniciativas más eficientes y sencillas de evitar el blanqueo de capitales sin afectar el secreto profesional ni el secreto bancario; pero ahora, ¿qué empresario se va atrever a donar a una campaña de un candidato de la oposición? ¿Sabiendo que puede ser “fiscalizado” por ese aporte? Extrapole dicha situación al ámbito comercial-empresarial y podrá deducir los nefastos efectos de esa ley para la economía.
