La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que autoriza al presidente Danilo Medina declarar en estado de emergencia 15 provincias afectadas por los daños causados por las lluvias, con lo cual el Poder Ejecutivo podrá acceder y disponer con celeridad de fondos públicos para ejecutar programas de mitigación de desastres.
El Gobierno dispondría de unos 50 mil millones de pesos para la reparación y reconstrucción de obras viales dañadas o destruidas por inundaciones, crecidas y deslizamientos, así como para la rehabilitación de zonas de cultivos severamente afectadas por el mal tiempo.
Esa ley permite que el Presidente obvie algunas formalidades burocráticas para garantizar celeridad en la ejecución de los trabajos o en la entrega de recursos a productores agropecuarios, cuyos predios fueron arrasados por los desbordamientos.
Es claro que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar todo lo relacionado con la ejecución de los programas de emergencia que se ejecutarán al amparo de esa ley habilitante, incluido forma y efectividad de las diferentes partidas que serían distribuidas entre los ministerios de Obras Públicas, Agricultura y Salud.
También se dispondría de recursos que administrarían los institutos Agrario Dominicano (IAD), de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), así como el Banco Agrícola, lo que indica que se produciría un abordaje amplio y rápido para la recuperación de las zonas abatidas por las lluvias.
A lo que se aspira es a que esos recursos, que incluirían un préstamo de cien millones de dólares, se utilicen de la mejor manera, sin que ningún funcionario o allegado pretenda sacar provecho político o pecuniario de una acción estatal que debe impactar en la recuperación de las provincias afectadas en el más corto tiempo.
Se admite la necesidad de esa ley que permite al Poder Ejecutivo declarar en estado de emergencia a provincias de la zona norte, línea noroeste y nordeste, así como a La Altagracia, en el este, pero es menester advertir que los recursos asignados no son para romería ni para adelantar campañas proselitistas.
Las provincias impactadas por crecidas, desbordamientos, deslizamientos y derrumbes confían en que el proceso de recuperación se inicie rápido, que los recursos fluyan y que se actúe con justicia, prudencia y transparencia en su distribución.
