Antes que comenzaran a salir los males había que cerrar la caja que se abrió sin prever su contenido. El problema es que el envase no se cerró a tiempo ni bien. No es ni más ni menos lo que ha ocurrido con el desmentido del juez del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, sobre la supuesta alteración de la sentencia que divorcia al Estado dominicano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Los argumentos con que se opuso al fallo, que constituyen una lección jurídica difícil de rebatir, son una cosa.
Pero en una reseña publicada por el periódico Hoy, en su edición del 8 de noviembre de 2014, en la página 6A, con la firma de la periodista Llennis Jiménez, el juez y catedrático, con maestría en legislación del Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional, Constitucional y Justicia Constitucional Hispanoamericana, cuestiona la legalidad de la sentencia, la que a su juicio –dice la publicación- fue alterada luego de ser aprobada por el pleno del Tribunal Constitucional. El magistrado no desmintió ni aclaró la información, así como tampoco la cita textual que se le atribuye en el sentido de que el proyecto de sentencia “que nos ocupa fue aprobado con modificaciones, de las que tuve conocimiento en horas de la tarde del día de hoy (4 de noviembre de 2014), cuando entré a la página oficial del TC”. Pero todavía hay más. La información señala que el magistrado dijo que “publicar una sentencia sin los votos disidentes constituye una sanción de carácter moral para los titulares del voto, que solo se justifica cuando se incurre en la falta de no enviar a la secretaría los mismos dentro del plazo previsto, lo cual no ha ocurrido en la especie”.
Como no desmintió ni aclaró la reseña que se publicó en el matutino Hoy se deduce que Acosta de los Santos la había dado como buena y válida. Lo sorprendente fue que se apresurara a desmentir un comentario sobre las mismas declaraciones que se publicó en este periódico, que planteaba el nuevo giro que adquiría el debate sí en verdad se había incurrido en la violación que se citaba. El magistrado sabrá el motivo por el cual prefirió desmentir la información que sustentaba el comentario y no la nota que se había publicado en otro medio.
Así las cosas, lo dicho, dicho está. Acosta tiene derecho a arrepentirse, pero en lugar de hacerlo con un desmentido, lo que ha debido es retractarse. No hay que andarse con ironías para saber cuán grave sería que un tribunal, más todavía el Constitucional, que representa la última instancia judicial, incurra en violaciones, sean voluntarias o involuntarias, para sustentar una decisión. Es posible que Acosta se percatara del efecto que podía tener su revelación. El problema es que no solo lo hizo tarde, sino también mal.
