La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (Adie) ha advertido que el decreto presidencial que dispone el pago adelantado de los impuestos selectivos al consumo de combustibles drena la liquidez de las empresas generadoras, lo que provocaría situaciones críticas en el suministro de energía eléctrica.
Aunque el Gobierno ha prometido que devolvería inmediatamente el importe de esos gravámenes, la Adie alega que se trata de un “sobrecosto temporal” que provocará que el sector generador adquiera menos combustible, lo que implica “niveles de inseguridad del suministro”.
No hay que ser un experto en temas de generación eléctrica para entender el mensaje de que a consecuencia del decreto 275-16, se renovaría una crisis en el suministro de electricidad, bajo el alegato de que las empresas carecen de liquidez para adquirir suficiente combustible.
Los generadores estiman en 324 millones de dólares anuales el impacto que tendría en esa industria adelantar el pago de los impuestos selectivos al consumo, que según las autoridades sería retornado “inmediatamente”, en razón de que lo que se procura es transparentar la administración de las exenciones y exoneraciones de combustibles.
Ahora se sabe que los generadores de electricidad “nunca” han solicitado al Gobierno que les exoneren los impuestos del combustible que compran, según se hace constar en un comunicado de la Adie, pero debería entenderse que esa dispensa evita que el precio final de la electricidad se coloque por encima de las nubes.
Se acepta el criterio de esa Asociación, de que el pago adelantado de impuestos representa “una medida recaudatoria coyuntural”, pero también debería acogerse como un tributo a la transparencia en exenciones que representan cientos de millones de dólares.
Las empresas generadoras requieren de adecuado flujo de liquidez, tanto como el Gobierno disminuir las millonarias transferencias de recursos hacia ese sector para afrontar el déficit operativo que genera la compra y venta de energía eléctrica.
Lo mejor sería que la Asociación de Empresas de la Industria Eléctrica y las autoridades aborden la situación del sector de manera general y asuman acuerdos que garanticen el suministro de energía a precios competitivos, en un mercado de libre competencia, sin ataduras jurídicas u operativas vinculadas con prácticas desleales de comercio o empresariales.
