Las autoridades policiales y del Ministerio Público están en el deber de realizar una investigación exhaustiva para responder las interrogantes que han quedado abiertas tras el asesinato de dos comunicadores de San Pedro de Macorís y la posterior muerte de su presunto homicida.

Un mar de versiones y conjeturas se ha filtrado sobre las causas del hecho que ha conmovido al país y generado preocupaciones en medios de comunicación tan distantes como el diario europeo BBC, de Inglaterra, que este miércoles desplegó un amplio reportaje sobre el suceso.

Dentro de esas versiones está la que da cuenta de que los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina habrían intermediado como abogados en un conflicto por registro de propiedad inmobiliaria entre su posible matador, José García, y terceras personas.

También se ha colado la información de que ambos comunicadores se hicieron eco de una denuncia sobre contaminación ambiental de una empresa a un acuífero de la región, lo que provocó que el Ministerio de Medio Ambiente impusiera sanciones a la corporación. Martínez y Medina eran las dos principales voces del matutino radial “Milenio Caliente”, que a fuerza de denuncias se había convertido en el programa local líder de opinión de San Pero de Macorís.

Ahora, como es típico en nuestras autoridades, el sindicado como asesino también está muerto, un hecho preocupante porque rompe la cadena de investigación que pudo conducir a un esclarecimiento de los sucesos.

Uno no quisiera pensar que se trata de un típico acto de intolerancia en el que además de segar la vida de los comunicadores se perseguía acallar sus voces para cernir un manto de opacidad sobre temas controversiales.

Quienes levantamos la bandera de la libertad de expresión y los derechos de ciudadanía no dejamos de tener aprensiones y dudas sobre este extraño acontecimiento. El Gobierno está en el deber de concluir una investigación que sea capaz de establecer la verdad de los hechos.

Asimismo, se deben adoptar medidas para proteger a quienes estén en situación de vulnerabilidad y evitar más agresiones.
Cuando se asesina comunicadores sociales se produce un efecto atemorizador en las comunidades, que se amedrantan y silencian sus voces por miedo a represalias.

Las autoridades están en el deber de prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y garantizar a las víctimas una adecuada reparación.

La falta de una correcta investigación y aplicación de la ley compromete la responsabilidad del Gobierno que debe asegurar garantías judiciales que permitan investigar, sancionar y reparar los abusos y crímenes contra informadores.