El nuevo año escolar demuestra el poder de los dueños de colegios privados, y las fragilidades del sistema educativo nacional. Nadie tiene control sobre el negocio que es la enseñanza privada. La diferencia entre un colegio y un colmado, vistos los dos como negocios, es que haya un organismo regulador.
El Ministerio de Educación es sordo y lento para regular la educación privada. Puede haber globalización económica, pero la educación es necesidad nacional y tiene que ser protegida.
En una ocasión se puso el uniforme único en escuelas y colegios, y los privados violaron esa disposición desde el inicio y nunca fueron sancionados.
Hay que unificar los libros de textos de la educación pública y la privada. A los padres de los niños y adolescentes que van a colegios les obligan a cambiar todos los años de libros, a pesar de las promesas del Ministerio de Educación.
Es obligación de Educación establecer las tarifas de los colegios, en base a calidad educativa, condiciones pedagógicas del local, la currícula de los profesores, y el área donde está enclavado, entre otros puntos.
No existe regulación que se aplique en torno a lo que se paga para que un niño asista a un colegio. Las tarifas no pueden ser colocadas unilateralmente por los dueños, sino que deben ser aprobadas por Educación.
Hay que sectorizar los colegios por categoría. Se puede comenzar desde el uno hasta el cinco, y las tarifas ser fijadas de acuerdo con este renglón. Las deficiencias de la educación pública llevan a que muchos padres inscriban a sus hijos en las escuelas privadas.
Tiene que haber control de los colegios religiosos, que trabajan como les viene en gana. No podrá haber una buena educación nacional, si no hay reglamentos que la rijan. Cierto, que respetando los parámetros, el sector privado tiene un mejor nivel que el público, pero ello no puede llevar a que los responsables se pongan una venda y no apliquen reglamentos.
Debe cesar la indiferencia. Los ministros deben dar esta batalla para proteger a miles de dominicanos.
