De hecho, todo funcionario debe estar preparado para rendir cuentas cuando instituciones como la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Integridad y Transparencia Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción y otras.; adjunto a la sociedad civil (acogiéndose a lo establecido en la ley de Libre Acceso a la Información Pública), requieran de su presencia o soliciten cualquier documento relativo al rumbo que ha tomado el dinero del Estado.
Todas las instituciones mencionadas están obligadas, por mandato de ley, a poner en prácticas cuántos mecanismos de controles y fiscalizaciones tengan disponibles para hacer que todos los funcionarios, sin excepciones, respeten los fondos públicos, y no los utilicen caprichosamente como si fuese dinero de su propiedad.
Siempre existirá la posibilidad real de realizar una gestión administrativa eficiente y eficaz; digamos que con las puertas abiertas para que puedan entrar los órganos de vigilancia, control y fiscalización, ya sean del ámbito público (gobierno) o del litoral privado (sociedad civil).
Naturalmente, todo dependerá de hasta dónde llegará el comportamiento ético y la firme decisión del funcionario de transparentar todo lo concerniente a los fondos públicos.
Bajo ninguna circunstancia puede olvidarse que el artículo 146 de nuestra Constitución, en su numeral 1, de manera taxativa, expresa que: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.”
Es verdad que todas las personas somos portadores de fortalezas y debilidades; mas eso, jamás, podría significar que nuestras debilidades sean tan poderosas como para llevarnos a actuar sin escrúpulos cuando se nos presenta la oportunidad de administrar fondos públicos.
Entonces lo correcto sería ponerle, desde un principio, límites a los auspiciadores de las malas prácticas en la administración pública, es decir, a los corruptos y corruptores.
