Si los dominicanos hubiésemos tenido la misma“ ”suerte” de los argentinos, que tras la II Guerra Mundial recibieron una avalancha de inmigrantes europeos, quizás no fuera necesario crear una Ley ni un reglamento sobre naturalización.
No albergo temor a equivocarme, por lo que me atrevo asegurar que si la mayoría de los inmigrantes ilegales que tenemos fueran de origen europeo “los nacionalistas” de nuevo cuño se callarían la boca.
De modo que el gobierno actuó con tacto e inteligencia en el manejo del conflicto generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y en las acciones que emprendió para consensuar el proyecto que dio lugar a la Ley 169-14 sobre naturalización y regularización migratoria, al igual que el reglamento de aplicación de esa normativa.
De ese modo ha logrado silenciar un pequeño, pero ruidoso sector anti-haitiano, revestido de un nacionalismo poco convincente, que se opone con rabia a cualquier salida humana y legal que favorezca a l dominicanos de ascendencia haitiana y de otros países afectados en sus derechos por la sentencia del TC.
El ruido que levantó este minúsculo sector de la sociedad y del espectro político dominicano respecto al tema fue más dañino para el país, en término de confusión y desinformación, que el desatado a nivel internacional por los organismos de los derechos humanos.
En el país todos llevamos el negro tras las orejas
Los de patio, mediante una campaña mediática, quisieron atizar una fobia anti-haitiana en el país argumentando que el proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso comprometía la soberanía nacional y daba lugar a la entrada masiva de haitianos, en vez de controlarla.
Pero el Gobierno se empantalonó y de la mano de la mayoría de la sociedad, a través de las consultas a todos los sectores, consensuó el proyecto y logro poner en marcha una acción que salva al país de posibles sanciones a nivel internacional por los efectos de la sentencia del TC.
El presidente Danilo Medina actuó de manera juiciosa al poner las cartas sobre la mesa de la sociedad para transparentar las acciones e intenciones del gobierno de buscarle una salida justa, legal y humana a la problemática, como ha sucedido.
Dieron sus frutos las consultas que hizo el jefe del Estado a representantes de los sectores políticos, empresariales, religiosos, juristas y de otros ente de la sociedad para socializar el proyecto de ley que crea un régimen especial para las personas hijos de emigrantes inscritos irregularmente en el registro Civil.
Por eso, hoy el reglamento de aplicación a la ley de naturalización y regularización migratoria, emitido mediante decreto el paso miércoles ha sido aceptado como bueno y válido por la mayoría de los dominicanos.
