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Los que aprueban las leyes, las violan de manera impune

Los que aprueban las leyes, las violan de manera impune

Los legisladores que venden las exoneraciones abiertas otorgadas por el Estado para la importación de dos vehículos durante su período violan la Ley 57-96, cuando las traspasan a terceros sin siquiera hacer las importaciones.

Esta ley establece con claridad que el vehículo importado bajo esta modalidad sólo se puede traspasar a otra persona después de dos años de su importación.
En ocasiones los autos de lujos importados sobrepasan los 10 millones de pesos y no son los vehículos que normalmente usan los congresistas.

El Nacional conoce casos en que con esas exoneraciones se traen autobuses y cabezotes para patanas y otros tipos de vehículos pesados para la industria de la construcción.

El artículo 2 de dicha normativa establece que: “cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc, así como también cualquier restricción o prohibición existentes”.

La mayoría de los diputados y senadores venden las exoneraciones que reciben, pues el vehículo que traen a su nombre supera el costo de los que normalmente usan.
Muchos de ellos hacen el negocio de manera privada para evadir esa parte de la ley que crearon ellos mismos.

De los automóviles más costosos en la lista de los importados a nombre de legisladores en los últimos años están las marcas Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Bentleys, Mercedes Benz y Ferrari.

La ley que data desde el año 1966, siendo el fenecido Joaquín Balaguer, presidente de la República, fue modificada en varias ocasiones por los legisladores para beneficiarse con la importación de vehículos sin tener que pagar impuestos.

Inicialmente los congresistas solo podían importar un vehículo por un valor de 3 mil dólares.

UN APUNTE:

El costo
La Fundación Justicia y Transparencia estimó hace dos años en 700 millones de pesos el dinero que el Estado deja de recibir en cada período legislativo por concepto de no cobro de las importaciones de los congresistas.

Ocho años más tarde, 1974 la suma límite ascendió a 5 mil dólares y para 1978 la cifra estaba en no más de 6 mil dólares.

Pero el 9 de marzo del año 1987 Balaguer promulgó la Ley 21-87, que triplicó el tope que era en ese entonces de 6 mil dólares, llevándolo a 18 mil dólares.

Con la promulgación el 6 de diciembre de la Ley 57 del 1996 por parte del entonces presidente Leonel Fernández, senadores y diputados lograron que se consignara la importación libre de vehículos de cualquier marca, precio, sin importar el cilindraje ni el tamaño, sin pagar impuestos, gravámenes o recargos.

El tema ha traído controversias este año, ya que el Gobierno dispuso en el proyecto de presupuesto para el 2018 que el vehículo importado no debe sobrepasar el valor de 100 mil dólares.

En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, declaró que existe un consenso entre los legisladores para no aceptar las exoneraciones, y en cambio proponen que el Estado le suministre un medio de transporte decente.
Otros plantean una fórmula en la que el Estado asuma la mitad del precio del vehículo y los legisladores la otra parte.

Sin embargo, ninguna de las posiciones toca la parte correspondiente al valor del vehículo, que es parte espinosa del tema.

Hay legisladores que aparecen en los registros de Aduanas con la importación de un Rolls Royce y un Ferrari, pero nunca ha poseído ninguno de esos dos automóviles. Sólo el Rolls Royce debería pagar el Aduanas la suma de 6 millones de pesos.

El Nacional

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