Opinión

Los Tucano y la Justicia

Los Tucano y la Justicia

Si la persecución de la corrupción no ha acabado de generar confianza, en gran medida como resultado de la banalización de los expedientes que involucran a legisladores, funcionarios exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), después del bochorno sobre el caso de los aviones Tucano el crédito de las autoridades judiciales para sancionar sobornos, sobrevaluaciones, enriquecimiento ilícito, lavado y otras prácticas punitivas, el crédito se reduce a menos que papel mojado.

El caso de los Tucano, en torno a la cual la propia procuradora de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero, declaró que estaban involucrados varios congresistas, aunque no los identificó, es de esos ejemplos que ilustran la ominosa galería de afrentas a la opinión pública.
La compañía brasileña que vendió los aviones declaró en Estados Unidos que había pagado sobornos por 3.5 millones de dólares a funcionarios, legisladores, militares y empresarios por la compra de las polémicas aeronaves con el propósito de perseguir el narcotráfico. Es harina de otro costal que en 2010, cuando se realizó la operación, el trasiego de drogas se efectuara, según las propias autoridades, más por vía marítima que aérea. Lo que importa es una operación financiera sobre la cual la directora de la Pepca, Laura Guerrero, ha incurrido en una deplorable contradicción, además de descalificar la investigación y hasta burlarse de la sensatez con los detalles que obvió.

De los 3,5 millones de dólares que la empresa Embraer dijo que pagó en sobornos, Guerrero solo pudo rastrear 178,650 dólares. De haber interés en establecer responsabilidades bastaba con reclamar a Estados Unidos o a la propia firma toda la información en torno a la operación. Y aunque en la documentación sobre los supuestos sobornados se citan los nombres de un senador y un diputado, la funcionaria, que dijo que no eran dos sino varios los congresistas implicados, ha tenido que abjurar de sus afirmaciones para evitar un reperpero político. Pero la exclusión de los legisladores tampoco es la única omisión.

Para no toparse con una caja de Pandora la directora de la Pepca obvió determinar si se habían utilizado los 18 millones de dólares que se agregaron, para imprevistos, al contrato original y el caso de los radares.

A pesar de las imputaciones contra el exministro de Defensa, Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez y los empresarios Israel Abreu Rosario, Félix del Orbe Berroa, Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez es lógica la percepción de que el expediente se ha estructurado para que se caiga en los tribunales y el tiempo, como otros escándalos de corrupción que ensombrecen la imagen del país y han sacudido a la opinión pública, se ocupe del resto. No sin antes algunos gestos circenses.

El Nacional

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