El 15 de julio de este año el presidente Danilo Medina promulgó la tan esperada Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, pero su contenido a pesar de despertar elogios de distintas esferas mantiene disgustados a agentes que sienten que han perdido beneficios adquiridos.
Y mientras el Consejo Superior Policial elabora el proyecto de reglamento de aplicación de la Ley y aprueba reglamentos internos para lo cual tiene plazo hasta mediados de enero, la población se queja del incesante auge de la delincuencia que no parece disminuir pese a los distintos operativos que anuncian los organismos de seguridad.
“Tú ves esa ley nueva, eso lo que nos hace es daño porque ahora uno tiene que vivir nada más del sueldito, porque prohibieron que uno tenga otro trabajo o negocio”, dice casi murmurando un policía en la misma actividad que el nuncio apostólico del papa arzobispo Jude Thaddeus Okolo, le manifestó al director general de la Policía, mayor general Nelson Peguero Paredes, su apoyo en la reforma que impulsa.
Otras disposiciones de la pieza que también inquietan a miembros de esa institución es que se elevó de 20 a 25 años el tiempo de servicio para poder retirarse y que como fueron transferidos automáticamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa) ahora deben hacer copagos cada vez que usan el seguro, mientras que antes en el hospital de la entidad todos los servicios eran gratuitos.
Otro punto es que la Ley 590-16 no contempla la escala salarial de los agentes y deja el tema en manos del presidente de la República. Los miembros de esa entidad que persigue, entre otros puntos, salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, y mantener el orden público, devengan sueldos que no les permiten tener calidad de vida, o siquiera cubrir la canasta familiar mínima.
Distintos agentes han manifestado también su disgusto porque en los últimos meses no les están pagando los incentivos por especialidades.
Se quieren ir
Informaciones extraoficiales aseguran que hay alrededor de cuatro mil solicitudes de retiro por motivo de la ley, aunque el vocero de la Policía, general Nelson Rosario, afirmó que en esa institución se producen pedidos de bajas todo el año por diversas razones y que en esta ocasión las solicitudes se encuentran dentro de la normalidad.
Este año agentes policiales sorprendieron a la población al manifestar su disgusto con la institución a través de vídeos que publicaron en internet. El primero de ellos fue Daurin Muñoz, un joven raso que decía que recibía un “sueldo cebolla” porque al verlo le daba ganas de llorar.
Por la osadía Muñoz fue cancelado y hoy se dedica al periodismo y encabeza el grupo de ex policías, familiares de agentes activos y policías pensionados que exige mejores condiciones laborales para los agentes. El movimiento está en trámites de crear la primera asociación o sindicato de Policías y ha hecho manifestaciones frente a la sede de la entidad, al palacio Nacional y al Congreso.
A Muñoz le siguió el segundo teniente Francisco Antonio Díaz Hernández, quien denunció a través de un vídeo en las redes sociales que sufría maltratos de parte de su superior en la dotación policial de San Cristóbal. Díaz dijo que publicaba el vídeo consciente de las consecuencias pero que lo hacía porque no aguantaba más abuso.
Poco después, alegando también maltratos, el sargento mayor Fermín Cuevas, que prestaba servicio en el destacamento de Haina, en una entrevista que le hiciera un noticiario de televisión pidió su baja y pensión tras 21 años de servicio.
Tras esas denuncias la Dirección General de la Policía llamó a los agentes que quieran abandonar la institución a utilizar los canales establecidos y no provocar una salida forzosa que les perjudique luego.
¿Constitucional?
Con menos de seis meses de vigencia y todavía sin reglamento la nueva ley motivó yaque el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Cultura Constitucional depositaran recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El Colegio de Abogados opina que la pieza atenta contra los derechos laborales de los agentes policiales, reduciendo de manera significativa los beneficios que estos percibían.
EL DATO
La Ley
La nueva norma limita a 20 el número de generales, fija en 40 años el tiempo máximo de duración en la institución, prohíbe a los miembros el porte o tenencia de armas no asignadas. Reduce de 16 a 8 los miembros del Consejo Superior Policial.
