El Gobierno tendrá que elaborar un amplio catálogo sobre lo que define como palabras obscenas para sustentar el proyecto de ley a través del cual contempla castigar las vulgaridades por radio y televisión. No puede ser de otra manera por ser tan relativo el significado de las palabras como convenciones acordadas por el hombre para entenderse. Lo determina su entonación y contexto, no su etimología.
Es obvio que esas vulgaridades frente a las que las autoridades se muestran tan sensibles no son más que las palabras que no forman parte del vocabuliario de la gente culta y refinada, sino las que habla la gente que desconoce las metáforas. Así, identificar las llamadas malas palabras, que no se sabía que existían, constituiría el arma del Gobierno para sustentar el absurdo e inaudito proyecto.
Y para para despejar la percepción de que lo que en realidad les molesta son insultos y acusaciones expresados con crudeza. De antemano hay que advertir que la restricción que se pretende es compleja, pues se sabe que muchas palabras vedadas en una comunidad de hablantes son normales en otras. El repertorio de los españoles, incluso a través de los medios audiovisuales, hace, por ejemplo, que cualquier dominicano se sonroje. Pero para enfrentar ligerezas que pueden caer dentro de la difamación y la injuria están los tribunales.
Al no ser una nación de intelectuales ni de gente culta, muchos en los medios se expresan con el repertorio a su alcance, aunque haya quienes recurran a términos populares para describir mejor la realidad. Los sociolingüistas, que han establecido que no todos se expresan en los mismos términos para comunicarse, se valen de los niveles del habla para medir las clasificaciones sociales de las comunidades.
Utilizar metáforas para designar la realidad, en lugar de palabras crudas, las que habla el pueblo, no convertirá al dominicano en culto. En más reprimido, sí.
