Se asegura que la mayor expresión de inteligencia es la sonrisa, capacidad que se ha ido perdiendo entre los dominicanos, así como también las naturales reacciones de asombro ante tanto desorden y abusos propiciados desde las distintas instancias del Poder.
Pese a que la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar los recursos para preservar la salud del pueblo dominicano, los servicios andan manga por hombro en el sector público y en el privado, por más esfuerzos que hagan los funcionarios por ocultar esa realidad.
Los médicos transitan un vía crucis por la mejoría de sus salarios y condiciones laborales. El gobierno rechaza año tras año esas demandas, y el Congreso, quien ganará El Soberano como hipócrita del año, se empeña en identificar fuentes impositivas muy sensibles, consciente de que serán rechazadas, como son el gas propano, ahorros y certificados de depósitos. ¡Pura táctica de distracción!
Bocinas bien pagadas les dicen vagos a los médicos para negar sus derechos y justificar la inoperancia de Salud Pública. Muchos especialistas tienen el rol de jefe de servicio, pero reciben salarios de miseria, al tiempo que proliferan holgazanes analfabestias y politiqueros arribistas apuntados con sueldos de lujo en las nóminas estatales.
Se critica que los médicos incumplen horarios, sin hacer la salvedad de que se trata de un grupo, mientras se omite que muchos de ellos ni siquiera van a los hospitales por su militancia política oficialista. ¿Por qué a los médicos que cumplen sus obligaciones no les mejoran sus salarios? Porque constituyen la mayoría.
El caos en el sector salud no es fruto del azar. Al contrario, ha estado siempre auspiciado por los distintos gobiernos, para evadir lo que establece la Carta Magna, la Ley General de Salud y los reglamentos hospitalarios; son los primeros en pescar en ese mar revuelto y en situarse de espalda a las grandes mayorías.
El desorden se extiende a Promese, a las boticas populares y a las farmacias hospitalarias, lo que debilita aún más la autoridad de los funcionarios que intentan sancionar las ilegalidades que comete el sector privado en el comercio de medicamentos o impedir que los colmados y paleteras vendan la pastillita azul.
El sector salud anda tan mal, que ya no sabemos cuál es el público ni cuál es el privado. Ahora se ha legalizado el desorden con la nueva Seguridad Social, modelo donde predominan los intereses de la medicina privatizada y sus intermediarios, con médicos, bioanalistas, odontólogos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos mal pagados.
Es un modelo que permite que en los hospitales y hasta en centros privados, al paciente se le llame por el número de orden en que le toca recibir el servicio; al hospitalizado se le identifique, por ejemplo, como Hache cuatro cama dos (según su ubicación), y que al lado de las órdenes para administrar medicamentos, la enfermera escriba NH (No Hay). ¿Y entonces?
