Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), reveló que la tasa laboral de los inmigrantes haitianos supera a los dominicanos en una apreciable proporción, disminuyendo enormemente la posibilidad de empleos de los habitantes de nuestro país, algo que no ocurre en ninguna otra nación, pues existe y se aplican regulaciones para evitar el sacrificio de sus nacionales.
En nuestro país el artículo 135 del Código de Trabajo, establece que la mano de obra extranjera no pasará de un 20 por ciento, correspondiendo a los dominicanos el 80 por ciento de los empleos. Sin embargo, conforme con el estudio de la CEPAL, la participación laboral de los haitianos ilegales es un 64.1 por ciento, mientras los nativos se sitúan en un 52.8 por ciento.
Los datos están fundamentados en estadísticas recogidas dentro del periodo 2010-2013, lo que significa que si las mismas se actualizan, los inmigrantes indocumentados, ocuparían el 75 por ciento del empleo formal e informal, dado el aumento del flujo de haitianos que se ha registrado en los últimos años.
Hay que preguntarse, ¿para quién trabaja el gobierno dominicano? Al parecer, los recursos del Estado están destinados a una población de ilegales que tienen un nivel de vida por encima de los criollos, pues muchos moradores de barrios marginados no tienen alimentación adecuada por falta de trabajo, y en algunos hogares solo se consume una sola comida al día. Y no se hace nada para reducir el índice de extrema pobreza, en tanto otros extranjeros tienen acceso a los bienes y servicios, estando en una situación de ilegalidad.
En los sectores bananeros y de la construcción, el 100 por cuento de la fuerza laboral es haitiana, por los bajos salarios que se pagan. Los empleadores rehúsan pagar el sueldo mínimo a los dominamos, y prefieren violar la ley, porque aquí no existe un régimen de consecuencias para los infractores de normas adjetivas, que se convierten en letra muerta, por la inacción de las autoridades. La situación tiene ribetes alarmantes, dado que concurren varias aristas, y no hay voluntad política para enfrentarla.
El problema no se detiene por la contratación de extranjeros ilegales, sino que se ha extendido hacia los negocios informales, como los puestos de venta de ropa usada y nueva, venta de frutas, lavaderos de carros, taxistas e incluso han desplazado a los pedigüeños de calles y avenidas del Gran Santo Domingo y Santiago. En ninguna parte del mundo, hay tantos haitianos como aquí, razonaba el presidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Pérez Saviñon.
