El movimiento cívico Marcha Verde solicitó al juez responsable de homologar el acuerdo entre la Procuraduría General de República y la empresa Odebrecht, rechazar cualquier acuerdo que exima de consecuencia penal a los involucrados en el caso.

En una carta enviada al despacho del magistrado José Alejandro Vargas, se pidió que no contemple la cuantificación y devolución del dinero robado por la empresa y funcionarios cómplices.

La misiva sostiene que no puede ser aprobado ningún acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht “hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por nuestro país en este caso, pues de lo contrario se estaría actuando de espalda al interés nacional y a la demanda de recuperar todo el patrimonio dilapidado en las operaciones fraudulentas de Odebrecht en el país”.

El grupo rechazó también la posibilidad de levantar las medidas cautelares solicitadas contra la empresa, incluyendo su inhabilitación temporal para la contratación pública.

“Del acuerdo esperaríamos que permita sin más demora la identificación de la estructura criminal local e internacional que operó desde lo público y privado para dañar el patrimonio nacional, así mismo, que todos los culpables puedan ser procesados y condenados con penas que se correspondan con el daño causado al país”, indicó.

Según el colectivo, con el uso del criterio de oportunidad, que es en esencia una especie de indulto para el infractor de la ley penal, el Ministerio Público sólo busca blindar a Odebrecht, Punta Catalina y a todos los funcionarios sobornados con un escudo impenetrable de impunidad.

El movimiento expresó que espera del juez Vargas una justa decisión, apegada a principios y a la Constitución y leyes, para cumplir con las futuras generaciones de este país, y dar un ejemplo histórico de justicia.