Si quienes votaron a favor de la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil no estuvieran embarrados en los escándalos de corrupción que sacuden y avergüenzan a la nación, el impeachment, que representa también un mensaje para clase política, fuera por lo menos más discutido. Pero una elevada proporción de los 62 senadores que levantó sus manos para que la mandataria cesara su ejercicio está tan desacreditada, que carecía de calidad moral para un proceso político de tanta envergadura.
En medio tanta podredumbre tiene una connotación épica que a Dilma, una exguerrillera que alcanzó el poder por primera vez en 2010, no se le relacionara con enriquecimiento ilícito ni ninguna acción que manchara su vida. Es más, fue bajo su segundo mandato, que inició en 2014 tras una ajustada victoria contra el conservador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), cuando se inició la gigantesca cruzada contra la corrupción, a causa de la cual están tras las rejas prominentes empresarios y dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores. Ni siquiera su mentor, el carismático Luiz Inacio Lula da Silva, ha escapado a las investigaciones para determinar si se benefició de recursos públicos.
Pero como Aquiles, la mandataria tenía su punto débil: la manipulación de las estadísticas fiscales para simular un bienestar ficticio. La violación era una tradición, pero se aprovechó para defenestrar a Rousseff y de paso enviar un mensaje a la clase gobernante en América Latina. A menos que querramos hacernos los tontos sabemos que sin la anuencia del Tío Sam el Senado carioca no hubiera levantado una mano para destituir a la mandataria. Ni tampoco el presidente y la vicepresidenta de Guatemala hubieran sido destituidos y encarcelados por enriquecimiento ilícito, lavado y otros bochornos.
Los cargos contra Dilma han sido refutados por figuras de mucha relevancia como el ex canciller de Uruguay y secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien alegó: “Si hubiera una acusación bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino.
Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlos en estos términos”. Sin embargo, uno de los juristas que elaboró el expediente, Helio Bicudo, d 93 años y fundador del Partido de los Trabajadores, justificó el proceso sobre la base de que la entonces mandataria había violado la Constitución..
La crisis económica fue el detonante de que algo andaba mal. Lo censurable es que la decisión final y el mensaje sobre las consecuencias de excederse en el uso de las atribuciones correspondió enviarlo a un Congreso sin aval moral para juzgar ningún tipo de violación constitucional.
