El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef) ha puesto el dedo sobre la llaga al tocar el drama de los matrimonios infantiles en República Dominicana, un subterfugio jurídico que oculta o justifica violaciones, abusos sexuales y trata de personas contra niñas y adolescentes.

Esa agencia de la ONU ha revelado que la pareja femenina en el 98% de los 1,728 matrimonios consumados en los últimos seis años entre adultos y menores de 18 años, muestra elevada deserción escolar y signos de violencia.

El Código Civil autoriza el matrimonio de adolescentes si los padres o un juez lo permite, lo que colisiona con otras disposiciones legales que le niegan discernimiento para realizar contratos, elegir o ser elegidos, aunque prevalece una legislación que los condena a tener hijos.

La mayoría de los matrimonios y uniones libres se dan entre adultos y niñas, es decir entre una menor de edad, cuya integridad física y moral debe ser protegida por el Ministerio Público, con un adulto al que la ley le veda sostener relaciones sexuales con una adolescente, aun con previo consentimiento.

¿Cómo es posible que el Código Civil se rebele contra un principio constitucional y doctrinario que obliga al Estado a proveer de protección a los menores, contra daños que puedan infligirles los adultos, como abuso sexual, violencia física, así como proveerle garantía de escolaridad y de salud?.

Hay cosas que las niñas y los niños no pueden hacer antes de cumplir los 18 años, como ser sometido a la explotación laboral, ni convertirse en cabeza de familia por vía del matrimonio con un adulto, por lo que tiene validez la denuncia de Unicef de que detrás de las uniones entre una menor y un adulto se esconde una burda forma de explotación sexual.

El Ministerio Público es el tutor de los menores por lo que su jerarquía obra por encima de cualquier disposición del Código Civil relativo a la autorización del matrimonio infantil, burda mascarada legal para ocultar violaciones y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.