Editorial

Mayor dosis de valor

Mayor dosis de valor

El Gobierno ha advertido que no dispone de recursos para solventar en el Presupuesto General del Estado una partida equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en favor del sector salud, debido a que el grueso de los ingresos se dedican al pago del servicio de la deuda pública, al área educativa y a saldar déficits del sector eléctrico.

Para poder cumplir con ese imperativo, se requerirían unos 75 mil millones de pesos, lo que sumado a otras partidas fijas, dejaría al sector público sin recursos para afrontar otras necesidades básicas de la población, lo que recrea el grave dilema de si el mal está en la modalidad del gasto o en la baja intensidad del ingreso.

Ya de antemano, para el diseño del Presupuesto, el Gobierno debe lidiar con la camisa de fuerza que representan el conjunto de leyes que especializan montos de partidas en proporción al PIB o a los propios ingresos, para diversos sectores, como Educación, Justicia, Ayuntamientos y Universidad Autónoma, lo que reduce la capacidad de maniobra para distribuir con relativa equidad los magros ingresos.

El director de Presupuesto, Luis Reyes, ha revelado que el compromiso de pago de la deuda publica representa este año unos 554 mil millones de pesos, mientras que para el sector educativo se requieren 120 mil millones y en el sector eléctrico unos 250 mil, lo que sumado a los 25 mil millones dirigidos al pago de la nómina publica y 20 mil millones en transferencias a otros poderes del Estado, representan 415 mil millones.

Se considera que resulta poco más que imposible que el Gobierno pueda manejarse en términos presupuestarios, si a los 130 mil millones sobrantes se restan 75 mil para poder cumplir con el 5% del PIB para el sector Salud, a menos que se descubra alguna fórmula milagrosa de multiplicar panes y peces.

Al Gobierno no le luce enredarse en la maraña de explicar que el dinero no alcanza para más, porque le faltó valor o le sobró sentido de oportunidad para promover ante el gran empresariado nacional un pacto o acuerdo sobre fiscalidad, para incrementar la presión tributaria, de un 13.5 vigente en la actualidad, a por lo menos un 18 del PIB.

Es obvio que esa carga fiscal no debería recaer de manera directa o indirecta sobre la clase media o los trabajadores, sino sobre las grandes rentabilidades, así como de la disminución del mentado gasto tributario, basado en exenciones y exoneraciones que ya supera los 300 mil millones de pesos al año.

Se insiste en señalar que al Gobierno no le luce estacionarse en el muro de los lamentos ni de las excusas, porque se sabe desde hace mucho tiempo que el problema en la estructura presupuestal del Estado no se ubica de manera esencial por el lado del gasto, sino del ingreso, pero hace falta una mayor dosis de valor para afrontarlo.

El Nacional

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